Nota de prensa
El Frente Amplio propone limitar las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero
El portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha presentado este lunes el programa para las elecciones del 29N junto con los responsables de las áreas principales, Joan Mena, Isabel Rosa, Carlos Sánchez Mato y Sandra Ladra.

El portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha presentado este lunes en Madrid el programa con el que la formación se presenta a las elecciones del 29 de noviembre.
Acompañado de responsables de las principales áreas del programa electoral, Bustinduy ha anunciado que el Frente Amplio quiere limitar las herencias de los ultrarricos para combatir la desigualdad. Se topará a un máximo de 10 millones de euros por heredero.
Esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el importe total se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas.
Además, la medida contempla, entre otros, un nuevo tramo adicional para herencias entre 5 y 10 millones con tipos marginales altos (75 %), así como la reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 €.
Se trata de una medida orientada a restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país. La recaudación adicional estimada bastaría para doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades.
La medida se propone en un contexto en el que, en España, hay 33 personas con más de 1.000 millones, 400 personas con patrimonios de más de 100 millones de euros y un 1 % de la población atesora más de 250.000 millones en patrimonio. Esto refleja un grado extremo de concentración del poder económico y político, que alimenta un círculo vicioso de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza.
El límite a las herencias de los ultrarricos es una medida complementaria y consonante con otras ya presentadas por el Frente Amplio con el fin de redistribuir la riqueza y garantizar el derecho a una vivienda asequible para las clases trabajadoras, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios, la expropiación de fondos buitre, o el impuesto a los Grandes Propietarios a partir de la cuarta vivienda para personas físicas y de la primera para personas jurídicas.
Programa del Frente Amplio
Además, los responsables de las áreas principales del programa, Joan Mena, Isabel Rosa, Carlos Sánchez Mato y Sandra Ladra, han destacado algunas de las medidas más relevantes que plantea la formación para estas elecciones del 29 de noviembre, entre las que se encuentran:
- Fondo Generacional de la Energía.
Crearemos un Fondo Soberano inspirado en el modelo noruego, con participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas.
La mitad de los beneficios se reinvertirá en el fondo y la otra mitad irá a construir vivienda pública, financiar rehabilitación y pagar las pensiones.
Una parte de los beneficios de cada proyecto financiará comunidades energéticas municipales, para que los pueblos que producen la energía paguen menos por ella.
Esta medida recoge la propuesta de la campaña ciudadana “España puede ser la hostia”.
- Impuesto a la acumulación de vivienda.
Crearemos un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos que afectará a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros.
La propuesta contempla dejar exentas las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable.
El objetivo del tributo es incentivar que los propietarios reduzcan las rentas para evitar su pago.
La excepción para las viviendas arrendadas a precios asequibles constituye uno de los elementos centrales de la propuesta. Su aplicación permitirá a los titulares mantener los inmuebles sin asumir el nuevo gravamen, siempre que cumplan las condiciones de precio y estabilidad previstas.
La iniciativa también prevé excepciones para particulares con participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor o circunstancias familiares acreditadas.
En el caso de las personas jurídicas, quedarán fuera las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro.
- Expropiar vivienda a grandes fondos de inversión.
Aprobación de la Ley de Expropiación de Viviendas a propietarios corporativos privados.
El proceso afectará en primera fase al stock residencial de entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas (como Blackstone o CaixaBank), en segunda fase a tenedores de más de 700 viviendas y en tercera fase a empresas propietarias de más de 50 inmuebles.
Paralelamente, se adscribirán obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB a la empresa pública Casa 47.
- Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por menor.
España destina al apoyo económico a las familias sensiblemente menos recursos que la mayoría de los países europeos, una brecha cercana al 1 % del PIB, equivalente a unos 16.000 millones de euros anuales.
La consecuencia es una tasa de pobreza o exclusión social infantil inaceptablemente elevada: el 33,2 % de los menores de 18 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social según la última Encuesta de Condiciones de Vida.
Lejos de ser un gasto, invertir en infancia supone evitar costes mucho mayores en el futuro.
La OCDE estima que las desventajas socioeconómicas sufridas durante la infancia generan un coste equivalente al 3,4 % del PIB cada año a través de menores salarios e ingresos futuros, peor salud, menor productividad y una mayor presión sobre los servicios públicos.
En términos actuales, ese coste supera los 55.000 millones de euros anuales, varias veces más que el esfuerzo necesario para implantar una prestación universal por crianza.
La experiencia de numerosos países europeos demuestra que este tipo de prestaciones constituye una de las herramientas más eficaces para reducir la pobreza infantil y garantizar la igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida.
• Aprobaremos la Ley de Prestación Universal por Crianza que concederá 200 € al mes por cada menor de 18 años a cargo. La prestación se configurará como un derecho propio del menor, inembargable y desvinculado de los ingresos o situación laboral de los progenitores.
Tramitaremos y abonaremos mensualmente de forma automática como deducción reembolsable del IRPF abonada por la Agencia Tributaria desde el momento del nacimiento.
• Implementación en 3 fases durante la legislatura (0-6 años el año 1, 7-12 el año 2 y 13-18 al cierre de mandato), financiada con fiscalidad progresiva.
- Comedor escolar gratuito.
Estableceremos la gratuidad total y universal del servicio de comedor escolar para todo el alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria en centros de la red pública en todas las comunidades autónomas.
Exigiremos por ley que los menús escolares se elaboren con productos frescos de proximidad y temporada, libres de ultraprocesados y adaptados a requerimientos nutricionales y alergias.
Puedes consultar el programa completo aquí: https://frenteamplio.info/programa/