Infancia, adolescencia y juventud con derechos

El Frente Amplio elevará la inversión en infancia y familias al 2,4 % del PIB y protegerá por ley a los menores en los entornos digitales.

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Los datos clave

  • 2,4 % del PIB: la inversión estatal en infancia y familias subiría desde el 1,5 % actual para equipararse a la media europea.
  • Menores de 6 años: el acogimiento residencial quedaría prohibido para ellos, y en 2030 se eliminaría para menores de 10 años.
  • 70 % de acogimiento familiar es el objetivo para 2030.
  • 16 años: desde esa edad se reconocería por ley el derecho al voto.
  • Hasta 12 meses podría adelantarse la Prestación Universal por Crianza durante la búsqueda de embarazo.

Desde el Frente Amplio proponemos elevar la inversión estatal en infancia y familias del 1,5 % actual al 2,4 % del PIB y aprobar una ley orgánica que proteja a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, con responsabilidad para las grandes plataformas.

Prohibiremos el acogimiento residencial para menores de 6 años y los desahucios de familias con menores sin una alternativa de vivienda previa. Para la juventud, reconoceremos por ley el voto a los 16 años y aprobaremos la primera Ley estatal de Juventud.

Lo que dice el programa

Inversión pública y gobernanza de la infancia

  • 2.8.1. Suelo de inversión pública al 2,4 % del PIB: Elevaremos la inversión estatal en políticas de protección a la infancia y familias del 1,5 % actual al 2,4 % del PIB para equipararla a la media europea.
  • 2.8.2. Plan para la promoción de derechos y bienestar: Aprobaremos un plan marco que desarrolle programas intersectoriales para estimular y regular las garantías de calidad en los servicios de atención a la infancia, la adolescencia y las familias.
  • 2.8.3. Participación infantil y seguimiento internacional: Fortalecimiento y consolidación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente, junto con la creación de un Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos (Comités de Tratados, medidas cautelares y dictámenes).

Protección integral frente a la violencia infantil y justicia adaptada

  • 2.8.4. Financiación completa de la LOPIVI: Aseguraremos la dotación presupuestaria suficiente para todos los ámbitos e instrumentos de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) en todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y local) y desplegaremos la Estrategia de Erradicación de la Violencia con sus planes operativos.
  • 2.8.5. Juzgados especializados y Fiscalía de Infancia: Dotaremos adecuadamente de recursos presupuestarios, materiales y humanos a la Fiscalía y a los Juzgados especializados en violencia contra la infancia creados por la Ley Orgánica 1/2025 y la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • 2.8.6. Justicia adaptada: Crearemos secciones de infancia y adolescencia en los tribunales y extenderemos de forma generalizada la prueba preconstituida hasta los 18 años.
  • 2.8.7. Implantaremos el modelo Barnahus en todo el territorio estatal y crearemos la Comisión de Reconocimiento de víctimas de violencia sexual infantil.

Acogimiento familiar, desinstitucionalización y vulnerabilidad

  • 2.8.8. Priorización y financiación del acogimiento familiar: Priorizaremos por ley el acogimiento familiar frente al residencial cuando la familia de origen no pueda proveer el cuidado, habilitando recursos técnicos, capacitación y ayudas económicas para familias acogedoras.
  • 2.8.9. Calendario de cierre del acogimiento residencial temprano: Prohibiremos el acogimiento residencial para menores de 6 años, lo eliminaremos para menores de 10 años en 2030 y alcanzaremos el 70 % de acogimiento familiar ese mismo año, junto con planes piloto de transición a la vida adulta.
  • 2.8.10. Infancia migrante no acompañada: Aprobaremos el Plan Integral de Atención, Protección e Inclusión de la Infancia Migrante (incluyendo jóvenes en tránsito a la vida adulta) con un acuerdo marco vinculante para un reparto solidario y equitativo entre comunidades autónomas.
  • 2.8.11. Protección habitacional: Prohibiremos de forma absoluta desahucios a familias con niños, niñas o adolescentes sin garantizar previamente una alternativa habitacional adecuada.

Entorno digital seguro y bienestar en las aulas

  • 2.8.12. Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que debe establecer mecanismos claros de responsabilidad penal y patrimonial para las grandes plataformas digitales que ignoren de forma sistemática y negligente las notificaciones de contenido ilegal de abuso sexual infantil.
    • Regulación severa de plataformas y redes sociales dirigidas a menores de 16 años sin verificación de edad respetuosa con la privacidad y eliminación de funciones adictivas (scroll infinito, reproducción automática, notificaciones constantes, «me gusta», rachas, recomendaciones algorítmicas, publicidad dirigida, rastreo biométrico/emocional y contacto con adultos desconocidos).
    • Habilitación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda cumplir las competencias que le encomienda el Reglamento de la UE de Servicios Digitales (DSA) y que son de vital importancia para la protección de los menores, como designar alertadores fiables de contenido ilegal o facilitar a los investigadores acceso a los datos de las plataformas para estudiar el fenómeno.
  • 2.8.13. Bienestar digital en centros educativos: Límites automáticos por defecto de tiempo de pantalla durante el horario lectivo en plataformas educativas, formación docente en ciberacoso generado por IA y creación de escuelas de bienestar digital para familias.
  • 2.8.14. Impulsaremos una reforma de la LOMLOE que incluya la alfabetización informacional y digital como competencia clave desde la educación primaria para aportar a niños y adolescentes recursos que les permitan entender y afrontar los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información con especial atención al abuso sexual infantil, favoreciendo la capacitación del profesorado y la elaboración de contenidos y actividades didácticas a tal efecto.
  • 2.8.15. Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros: Despliegue presupuestario para alfabetización mediática, laboratorios públicos de cultura digital y educación afectivo-sexual basada en evidencia científica.
  • 2.8.16. Impulsaremos que el nuevo Reglamento de la UE «EU KIDS ACT» establezca para las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño:
    • Un plazo máximo, específico y obligatorio para la retirada del contenido ilegal de abuso infantil que les es notificado.
    • Requerimientos específicos, obligatorios, no excluyentes y verificables para la identificación y mitigación de riesgos sistémicos para la protección de los menores de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la DSA, con especial atención a elementos y funcionalidades claves como algoritmos de recomendación, mecanismos de moderación de contenido, aplicación de los términos y condiciones de servicio, interfaces de búsqueda, contenido en directo o monetización.
    • Obligaciones claras y verificables de capacidad de supervisión humana, experta y local en el procesamiento de notificaciones de abuso sexual infantil, de identificación y mitigación de riesgos sistémicos para la protección de los menores, y de comunicación a las autoridades de sospechas de delitos de acuerdo con el artículo 18 de la DSA.

Salud mental infantil y crianza

  • 2.8.17. Contratación estructural de profesionales de salud mental: Programa plurianual para contratar en escuelas, centros deportivos, culturales y comunitarios a psicólogos clínicos, psiquiatras infantojuveniles, enfermeras especialistas, trabajadores sociales y educadores sociales, coordinados con la figura LOPIVI y priorizando barrios vulnerables.
  • 2.8.18. Anticipación de la prestación por crianza: Posibilidad de adelantar el inicio de la Prestación Universal por Crianza hasta un máximo de 12 meses durante el periodo de búsqueda de embarazo para mejorar la solvencia material y detectar infertilidad de forma precoz.

Juventud, emancipación y derechos democráticos

  • 2.8.19. Ley Estatal de Juventud y Pacto de Estado: Aprobaremos la primera Ley estatal de Juventud estructurada en 4 pilares: derechos socioeconómicos (vivienda y empleo), participación democrática, salud mental/bienestar y justicia intergeneracional/crisis ecosocial.
  • 2.8.20. Derecho al voto a los 16 años: Reconoceremos por ley el derecho al voto a partir de los 16 años.
  • 2.8.21. Plan de Emancipación Juvenil e Ingreso Mínimo Vital: Plan de emancipación articulado en vivienda asequible, empleo estable y participación, combinado con la revisión de barreras de acceso al IMV para jóvenes.

Preguntas y respuestas

¿Cuánto invertirá el Frente Amplio en infancia y familias?

El 2,4 % del PIB, frente al 1,5 % actual. El Frente Amplio propone elevar la inversión estatal en protección a la infancia y las familias para equipararla a la media europea.

Además, un plan marco regularía las garantías de calidad en los servicios de atención a la infancia, la adolescencia y las familias, y se reforzaría el Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente.

¿Qué cambiará en las redes sociales para los menores con el Frente Amplio?

El Frente Amplio propone una Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que regularía con severidad las plataformas y redes sociales dirigidas a menores de 16 años y eliminaría sus funciones adictivas, como el scroll infinito, la reproducción automática, los «me gusta», las rachas o la publicidad dirigida.

Las grandes plataformas tendrían responsabilidad penal y patrimonial si ignoran de forma sistemática y negligente los avisos de contenido ilegal de abuso sexual infantil.

¿Cómo protegerá el Frente Amplio a niños y niñas frente a la violencia?

El Frente Amplio propone financiar por completo la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) en todas las administraciones, dotar de recursos a la Fiscalía y a los juzgados especializados en violencia contra la infancia e implantar el modelo Barnahus en todo el territorio estatal.

Los tribunales tendrían secciones de infancia y adolescencia, la prueba preconstituida se extendería de forma generalizada hasta los 18 años y se crearía una Comisión de Reconocimiento de víctimas de violencia sexual infantil.

¿Qué pasará con los niños y niñas que viven en centros de acogida?

El Frente Amplio propone dar prioridad por ley al acogimiento familiar frente al residencial, con recursos técnicos, formación y ayudas para las familias acogedoras. El acogimiento residencial quedaría prohibido para menores de 6 años y se eliminaría para menores de 10 años en 2030, cuando el objetivo es llegar al 70 % de acogimiento familiar.

Para la infancia migrante no acompañada, el Frente Amplio propone un Plan Integral de Atención, Protección e Inclusión con un reparto solidario y vinculante entre comunidades autónomas.

¿Podrán votar los jóvenes de 16 años?

Sí. El Frente Amplio propone reconocer por ley el derecho al voto a partir de los 16 años.

También propone la primera Ley estatal de Juventud, con 4 pilares: derechos socioeconómicos (vivienda y empleo), participación democrática, salud mental y bienestar, y justicia intergeneracional y crisis ecosocial. Un Plan de Emancipación Juvenil combinaría vivienda asequible, empleo estable y la revisión de las barreras de acceso de los jóvenes al Ingreso Mínimo Vital.

¿Habrá psicólogos en los colegios?

El Frente Amplio propone un programa plurianual para contratar psicólogos clínicos, psiquiatras infantojuveniles, enfermeras especialistas, trabajadores sociales y educadores sociales en escuelas y centros deportivos, culturales y comunitarios, con prioridad para los barrios vulnerables.

Otras medidas