Cooperación internacional y ayuda al desarrollo

El Frente Amplio consolidará la cooperación para el desarrollo como política de Estado y subirá sus recursos del 0,27 % al 0,7 % de la Renta Nacional Bruta.

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Los datos clave

  • Del 0,27 % al 0,7 % de la Renta Nacional Bruta subirían los recursos de la cooperación internacional para el desarrollo.
  • Al menos el 10 % del total de la AOD se destinaría a acción humanitaria y el 3 % a educación para la ciudadanía global.
  • 30 % de la AOD iría a la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas como objetivo principal.
  • 0,2 % del PIB para los países menos avanzados (PMA): el programa pide cumplir ese compromiso internacional.
  • 25 % del presupuesto de la AECID, al menos 500 millones de euros al finalizar la legislatura, se destinaría a instrumentos de financiación de ONGD.

Desde el Frente Amplio proponemos consolidar la cooperación internacional para el desarrollo como política de Estado y aumentar sus recursos desde el 0,27 % hasta el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta, con una parte fijada para acción humanitaria, educación para la ciudadanía global y derechos de las mujeres y las niñas.

Reforzaremos la AECID, reservaremos una parte de su presupuesto a las ONGD y aprobaremos una ley de diligencia debida para las empresas transnacionales.

Lo que dice el programa

Consolidaremos la cooperación internacional para el desarrollo como una política de Estado incrementando los recursos desde el 0,27 % hasta el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta. La cooperación realizada tendrá las siguientes características:

  • 17.2.1. Favorecerá la cooperación que priorice el componente de género.
  • 17.2.2. Impulsaremos una cooperación transformadora y no asistencial.
  • 17.2.3. La cooperación no buscará en ningún caso retornos en forma de beneficios financieros o comerciales.
  • 17.2.4. No se dedicará a fortalecer las políticas de privatización en los países de destino.
  • 17.2.5. Al menos el 10 % del total de la AOD debe destinarse a acción humanitaria basada en principios, centrada en las personas y respetuosa del derecho internacional; el 3 % a educación para la ciudadanía global desde políticas educativas, de participación social y de comunicación que contribuyan a generar sociedades comprometidas con los retos globales, las desigualdades y sus causas estructurales, y promotoras de los derechos humanos, la democracia y la paz; y el 30 % a la promoción de derechos de las mujeres y las niñas como objetivo principal. También debe cumplirse el compromiso internacional de destinar el 0,2 % del PIB para los países menos avanzados (PMA).
  • 17.2.6. Impulsaremos una cooperación financiera, especialmente vía FEDES, alineada con los objetivos de la cooperación española, el desarrollo sostenible y los derechos humanos orientada a los países prioritarios del Plan Director receptores de AOD, de forma complementaria a otros instrumentos; que avance en transparencia y rendición de cuentas.
  • 17.2.7. Promoveremos una acción humanitaria basada en principios, centrada en las personas y respetuosa con el derecho internacional humanitario que responda a las necesidades y proporcione protección a quienes más sufren el impacto de las crisis humanitarias y conflictos armados. Que recoja las orientaciones de triple nexo entre acción humanitaria, desarrollo y paz; sitúe a los actores locales en el centro de la respuesta; y reconozca a las ONGD españolas como socias estratégicas desde su valor añadido para la respuesta internacional. Será necesario actualizar su estrategia y dotarla de una financiación suficiente, flexible y predecible (10 % del total de la AOD).
  • 17.2.8. Continuaremos avanzando en la aplicación de una política exterior y de cooperación feministas a nivel estatal y europeo, favoreciendo el desarrollo de la Estrategia de Cooperación Feminista y de un nuevo Plan de Política Exterior Feminista estatal y europeo (GAP IV), con una adecuada dotación presupuestaria (20 % de la AOD total que tenga la igualdad de género como objetivo principal).
  • 17.2.9. Aumentaremos la parte de la ayuda de la AECID dedicada a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos, crearemos una Oficina de Cooperación Feminista en la AECID, pondremos en marcha un programa de protección para defensoras y para profesionales de la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, e incrementaremos las aportaciones al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y a ONU Mujeres.
  • 17.2.10. Definiremos e impulsaremos una política estatal de apoyo a las personas desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos.
  • 17.2.11. Continuaremos el desarrollo y operativización de las reformas normativas, institucionales y reglamentarias aprobadas como parte de la reforma del sistema de la cooperación española, así como lo previsto en el VI Plan Director con sus enfoques y las correspondientes estrategias, incluida la de paz.
  • 17.2.12. Reforzaremos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con nuevo Contrato de Gestión, como elemento clave e institución especializada y articuladora de esta política.
  • 17.2.13. Consolidaremos el papel diferencial de las organizaciones de desarrollo como actor especializado de la política de cooperación a través del desarrollo de la diversidad de roles reconocidos en el Marco de Relación de las ONGD con la Administración General del Estado y una dotación presupuestaria adecuada a través de los instrumentos de financiación gestionados principalmente por la AECID. La capacidad de las ONGD para ejecutar programas y proyectos de calidad es notablemente superior a la disponibilidad presupuestaria de esta última década. Proponemos que el 25 % del presupuesto de la AECID (al menos, 500 millones de euros al finalizar la legislatura) se destine a instrumentos de financiación de ONGD (convenios, programas, proyectos, acciones de innovación, acciones humanitarias, entre otras), que se trabaje de forma coordinada con el sector para desarrollar los mejores instrumentos para los próximos años, y que aumenten los recursos destinados al fortalecimiento de las propias organizaciones.
  • 17.2.14. Facilitaremos el papel de la cooperación descentralizada como expresión de la voluntad de solidaridad de nuestra sociedad eliminando las trabas que impuso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
  • 17.2.15. Defenderemos un multilateralismo activo que promueva avanzar en las Agendas de Desarrollo Sostenible y de Financiación para el Desarrollo donde los Estados acuerden compromisos creíbles y vinculantes, con todos los países, incluidos los del Sur Global, como tomadores de decisión al mismo nivel.
  • 17.2.16. Aprobaremos una ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales que permita adoptar medidas de identificación del riesgo real o potencial para los derechos humanos, de prevención, de mitigación, cesación y de reparación de los daños que causen estas corporaciones.
  • 17.2.17. Impulsaremos el consumo responsable a través de la aprobación de la Ley de Consumo Sostenible y apoyando iniciativas económicamente viables de comercio justo y financiación alternativa, mejorando la información y sensibilización a los y las consumidoras mediante campañas de sensibilización y etiquetado social y poniendo en marcha programas de compra ética en toda la administración pública.

Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero destinaría el Frente Amplio a la ayuda al desarrollo?

El 0,7 % de la Renta Nacional Bruta, frente al 0,27 % del que parte el programa. El Frente Amplio propone consolidar la cooperación internacional para el desarrollo como una política de Estado.

También pide cumplir el compromiso internacional de destinar el 0,2 % del PIB a los países menos avanzados.

¿En qué se gastaría la ayuda al desarrollo?

El Frente Amplio propone destinar al menos el 10 % de la ayuda oficial al desarrollo a acción humanitaria, el 3 % a educación para la ciudadanía global y el 30 % a la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas como objetivo principal.

La cooperación sería transformadora y no asistencial, priorizaría el componente de género y no buscaría en ningún caso retornos en forma de beneficios financieros o comerciales, ni se dedicaría a fortalecer las políticas de privatización en los países de destino.

¿Qué es la cooperación feminista que plantea el Frente Amplio?

Es la aplicación de una política exterior y de cooperación feministas a nivel estatal y europeo. El Frente Amplio propone aumentar la parte de la ayuda dedicada a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos y crear una Oficina de Cooperación Feminista en la AECID.

Pondría en marcha además un programa de protección para defensoras y para profesionales de la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, e incrementaría las aportaciones al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y a ONU Mujeres.

¿Qué papel tendrían la AECID y las ONGD?

La AECID se reforzaría con un nuevo Contrato de Gestión, y el Frente Amplio propone destinar el 25 % de su presupuesto a instrumentos de financiación de ONGD, al menos 500 millones de euros al finalizar la legislatura.

Esos instrumentos incluyen convenios, programas, proyectos, acciones de innovación y acciones humanitarias, entre otros. La cooperación descentralizada de los ayuntamientos se facilitaría eliminando las trabas que impuso la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

¿Se exigirían responsabilidades a las empresas españolas que operan en otros países?

Sí. El Frente Amplio propone una ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.

La ley permitiría adoptar medidas de identificación del riesgo real o potencial para los derechos humanos, de prevención, de mitigación, de cesación y de reparación de los daños que causen estas corporaciones.

Otras medidas