Democracia en las empresas

El Frente Amplio dará por ley a las plantillas un tercio del consejo de administración en las empresas de 50 a 1.000 trabajadores y la mitad en las mayores.

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Los datos clave

  • Un tercio del consejo de administración correspondería a la plantilla en las empresas de 50 a 1.000 trabajadores.
  • El 50 % del consejo, paritario entre trabajadores y accionistas, en las empresas de más de 1.000 trabajadores.
  • El 10 % del beneficio empresarial se repartiría de forma obligatoria entre la plantilla en las empresas de 50 o más trabajadores.
  • Más del 2 % del capital social se reservaría a los trabajadores en las empresas de 25 a 1.000 trabajadores, y más del 10 % en las de más de 1.000.
  • Dos expertos financiados por la empresa, uno en IA y otro en impacto ambiental, asistirían al comité de empresa.

Desde el Frente Amplio proponemos que las plantillas tengan por ley representación en los consejos de administración: un tercio del consejo en las empresas de 50 a 1.000 trabajadores y la mitad en las de más de 1.000. El comité de empresa podrá aprobar o vetar los sistemas de inteligencia artificial que organizan, vigilan o evalúan el trabajo.

Las empresas de 50 o más trabajadores repartirán de forma obligatoria el 10 % de su beneficio entre la plantilla, y una parte del capital quedará reservada a los trabajadores, con fondos de inversión gobernados por ellos.

Lo que dice el programa

Democracia en las empresas, gobernanza y derechos de plantilla

  • 13.1.1. Participación paritaria en consejos de administración: Estableceremos por ley la representación democrática de las plantillas en los consejos de administración: un tercio del consejo en empresas de 50 a 1.000 trabajadores y el 50 % (paritaria entre trabajadores y accionistas) en empresas de más de 1.000 trabajadores. La fórmula concreta de elección se acordará mediante convenio colectivo, garantizando el acceso a información y a asesoramiento independiente. Este modelo se aplicará igualmente a las empresas públicas para adaptar su gobierno a la plantilla y al interés general.
  • 13.1.2. Capacidad de decisión y veto en transformaciones empresariales: Reforzaremos los derechos de información, consulta y negociación previa de la representación legal ante cierres, deslocalizaciones, automatizaciones y reestructuraciones corporativas. Exigiremos de forma obligatoria planes de continuidad, mantenimiento del empleo y transición, habilitando mecanismos efectivos para impugnar judicialmente decisiones empresariales adoptadas sin cumplir con estas obligaciones.
  • 13.1.3. Control democrático y regulación de la inteligencia artificial en el trabajo: Reformaremos el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para otorgar al comité de empresa la facultad de configurar, aprobar o vetar los sistemas de inteligencia artificial destinados a organizar, vigilar o evaluar el trabajo. El comité tendrá derecho a dos expertos financiados por la empresa (uno en IA y otro en impacto ambiental), defendiendo la extensión de este derecho a los comités de empresa de ámbito europeo.
  • 13.1.4. Garantizaremos auditorías independientes y libres de conflictos de interés. Reformaremos la Ley de Auditoría de Cuentas y la legislación societaria para separar entre sí la auditoría financiera y la verificación de la información de sostenibilidad, y ambas de cualquier otro servicio prestado a la empresa examinada. Prohibiremos que quienes realicen estas funciones, incluidas las entidades de su mismo grupo o red, presten simultáneamente servicios de consultoría, asesoramiento fiscal o cualquier otro servicio a esa empresa y a su grupo. Dotaremos al ICAC de personal y recursos suficientes para supervisar la calidad de estos trabajos y sancionar los incumplimientos, e impulsaremos las adaptaciones necesarias del marco europeo.

Participación en el capital, reparto de beneficios y fondos de inversión

  • 13.1.5. Participación directa en el capital empresarial: Obligación legal de reservar o gestionar a través de fideicomisos o cooperativas de trabajadores más del 2 % del capital social en empresas de 25 a 1.000 trabajadores, y más del 10 % del capital en empresas de más de 1.000 trabajadores.
  • 13.1.6. Paga de beneficios obligatoria y prioridad sobre el dividendo: Estableceremos por ley el reparto obligatorio del 10 % del beneficio empresarial entre la plantilla en empresas de 50 o más trabajadores. Cada persona trabajadora podrá percibir su parte en metálico o convertirla en acciones de la plantilla. Prohibiremos expresamente que las empresas repartan dividendos a accionistas o realicen recompras de acciones sin haber abonado previamente esta paga de beneficios.
  • 13.1.7. Fondos colectivos de propiedad y fondos ciudadanos de inversión (Meidner): Crearemos fondos colectivos alimentados por aportaciones empresariales vinculadas a beneficios para acumular participaciones y derechos de voto bajo control democrático, manteniendo esta propiedad separada del ahorro individual para la jubilación (sin sustituir salarios). Crearemos Fondos Regionales de Inversión (Fondos Meidner) gobernados por los trabajadores para adquirir participaciones en medianas y grandes empresas y facilitar la conversión de pymes en cooperativas tras la jubilación de sus propietarios.

Control directivo y transparencia en la propiedad pública

  • 13.1.8. Reforma radical de los incentivos directivos: Obligación de vincular la remuneración variable de los altos directivos a resultados de largo plazo, inversión productiva, creación de empleo y sostenibilidad. Exigiremos la devolución de incentivos (clawback) en casos de cuentas falseadas o decisiones que originen daños posteriores. Obligatoriedad de publicar la brecha entre la remuneración directiva y el salario medio de la plantilla, fijando topes retributivos en empresas públicas y entidades receptoras de ayudas públicas extraordinarias.
  • 13.1.9. Control democrático de las empresas públicas: Incorporaremos representación de trabajadores y usuarios en sus órganos directivos, con mandatos de servicio e inversión con objetivos evaluables y transparencia pública para impedir la gestión opaca o el reparto partidista de cargos, bajo una dirección profesionalizada que rinda cuentas periódicamente ante el Congreso de los Diputados.

Preguntas y respuestas

¿Tendrían los trabajadores sitio en el consejo de administración?

Sí. El Frente Amplio propone establecer por ley que la plantilla ocupe un tercio del consejo en las empresas de 50 a 1.000 trabajadores y el 50 % en las de más de 1.000, donde el consejo sería paritario entre trabajadores y accionistas.

La fórmula concreta de elección se acordaría mediante convenio colectivo, con garantía de acceso a información y a asesoramiento independiente. El mismo modelo se aplicaría a las empresas públicas, que incorporarían además representación de usuarios en sus órganos directivos.

¿Recibiría la plantilla una parte de los beneficios de la empresa?

Sí. El Frente Amplio propone que las empresas de 50 o más trabajadores repartan por ley el 10 % de su beneficio entre la plantilla. No podrían repartir dividendos ni recomprar acciones sin haber abonado antes esa paga, y cada persona trabajadora podría cobrar su parte en metálico o convertirla en acciones de la plantilla.

Además, las empresas tendrían que reservar o gestionar, a través de fideicomisos o cooperativas de trabajadores, más del 2 % del capital social si tienen de 25 a 1.000 trabajadores y más del 10 % si tienen más de 1.000.

¿Qué son los fondos Meidner que propone el Frente Amplio?

Son Fondos Regionales de Inversión gobernados por los trabajadores. Comprarían participaciones en medianas y grandes empresas y facilitarían que las pymes se conviertan en cooperativas cuando sus propietarios se jubilan.

El Frente Amplio propone también fondos colectivos alimentados por aportaciones empresariales vinculadas a los beneficios, que acumularían participaciones y derechos de voto bajo control democrático. Su propiedad se mantendría separada del ahorro individual para la jubilación y no sustituiría salarios.

¿Podría la plantilla frenar un cierre o un sistema de inteligencia artificial?

En el caso de la inteligencia artificial, sí. El Frente Amplio propone reformar el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para que el comité de empresa pueda configurar, aprobar o vetar los sistemas que organizan, vigilan o evalúan el trabajo, con dos expertos financiados por la empresa, uno en IA y otro en impacto ambiental.

Ante cierres, deslocalizaciones, automatizaciones y reestructuraciones, se reforzarían los derechos de información, consulta y negociación previa de la representación legal. Los planes de continuidad, mantenimiento del empleo y transición serían obligatorios, y las decisiones empresariales que no cumplan esas obligaciones podrían impugnarse ante los tribunales.

¿Qué cambiaría para los altos directivos y las auditoras?

La remuneración variable de los altos directivos tendría que vincularse a resultados de largo plazo, inversión productiva, creación de empleo y sostenibilidad. El Frente Amplio propone además la devolución de incentivos en casos de cuentas falseadas o de decisiones que originen daños posteriores, y la publicación de la brecha entre la remuneración directiva y el salario medio de la plantilla.

Quien audita una empresa, incluidas las entidades de su mismo grupo o red, no podría prestarle a la vez consultoría, asesoramiento fiscal u otros servicios. El ICAC tendría personal y recursos suficientes para supervisar y sancionar.

Otras medidas