Impuestos para frenar la especulación con la vivienda
El Frente Amplio creará un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos, con exención para los que se alquilen a precio asequible y estable.
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Los datos clave
- 10 % sobre el valor de los pisos: empresas desde el primer inmueble y particulares a partir del cuarto, si sus propiedades superan juntas los 800.000 euros.
- 0,45 % de la masa salarial bruta pagarían las empresas privadas con 50 o más asalariados para financiar vivienda pública en alquiler asequible.
- En torno a 1.000 millones de euros anuales recaudaría esa contribución, para unas 10.000 viviendas de alquiler asequible al año.
- 200 % de recargo en el ITP para la segunda propiedad y 1.000 % a partir de la tercera; la primera vivienda habitual, exenta.
- 4 % de IVA para construir y rehabilitar vivienda social en alquiler y en cesión de uso.
Desde el Frente Amplio proponemos un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos que pagarán las empresas desde el primer inmueble y los grandes propietarios particulares, y del que quedarán exentas las viviendas alquiladas a precio asequible y estable.
La compra de la primera vivienda habitual no pagará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, mientras que la segunda y las siguientes tendrán recargos. Además, acabaremos con el régimen fiscal especial de las SOCIMI y crearemos una contribución de las grandes empresas para financiar vivienda pública.
Lo que dice el programa
Contribución empresarial para financiar vivienda asequible
- 1.7.1. Crearemos una contribución obligatoria para determinadas empresas, vinculada a su masa salarial, destinada a financiar la promoción de vivienda pública para alquiler asequible siguiendo el modelo francés de participación empresarial en el esfuerzo de construcción. Se aplicará a todas las empresas privadas que emplean un promedio anual de 50 o más asalariados durante cinco años consecutivos. Aplicaremos un tipo del 0,45 % sobre la masa salarial bruta pagada por las empresas en el ejercicio anterior. Recaudará en torno a los 1.000 millones de euros anuales y permitirá promover la construcción de unas 10.000 viviendas para alquiler asequible al año.
Supresión del régimen especial y privilegios fiscales de las SOCIMI y las EDAV
- 1.7.2. Derogaremos de forma inmediata y definitiva el régimen fiscal especial regulado para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y el de las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas (EDAV). Pasarán a tributar por el tipo general del Impuesto sobre Sociedades (con el tipo mínimo real del 20 %), eliminando de forma tajante su exención tributaria en el gravamen de beneficios corporativos y el reparto de dividendos y dejarán de tener bonificaciones en el IVA.
Fiscalidad progresiva de la propiedad inmobiliaria, IBI penalizador y ventajas fiscales para vivienda social y cooperativas
- 1.7.3. Reestructuraremos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para convertirlo en un tributo altamente progresivo que penalice las fincas de elevado valor catastral, las propiedades pertenecientes a grandes tenedores corporativos y a entidades jurídicas, y las viviendas mantenidas vacías de forma injustificada.
- 1.7.4. Crearemos un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos que afectará a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. La propuesta contempla dejar exentas las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable. El objetivo del tributo es incentivar que los propietarios reduzcan las rentas para evitar su pago. La excepción para las viviendas arrendadas a precios asequibles constituye uno de los elementos centrales de la propuesta. Su aplicación permitirá a los titulares mantener los inmuebles sin asumir el nuevo gravamen, siempre que cumplan las condiciones de precio y estabilidad previstas. La iniciativa también prevé excepciones para particulares con participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor o circunstancias familiares acreditadas. En el caso de las personas jurídicas, quedarán fuera las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro.
- 1.7.5. IVA superreducido del 4 % para la construcción y rehabilitación de vivienda social en alquiler y en cesión de uso, equiparando su tratamiento al de la transmisión de vivienda de protección oficial.
- 1.7.6. Tipo cero en el Impuesto sobre Sociedades para las cooperativas de vivienda en cesión de uso sin ánimo de lucro y entidades del tercer sector hasta que se apruebe la regulación de los proveedores sociales de vivienda.
- 1.7.7. Revisaremos el artículo 12 bis de la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, para considerar especialmente protegidas las distintas clases de cooperativas en cesión de uso reguladas por la normativa autonómica, fijar en el 30 % el límite de las aportaciones obligatorias de las personas socias usuarias y diferenciarlas de las aportaciones voluntarias al capital social o de las de otros tipos de socios.
Impuesto penalizador a la compra no residencial e incremento progresivo del ITP
- 1.7.8. Implantaremos un gravamen estatal extraordinario que duplicará (100 % de recargo) la tributación aplicable a las compras de vivienda no destinadas a uso habitual realizadas por compradores, incluidas las personas físicas no residentes y extracomunitarias.
- 1.7.9. En el marco del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), se fijará la exención total del tributo para la adquisición de la primera vivienda habitual de familias e individuos definiendo un tope máximo de ingresos y de precio de la vivienda, al tiempo que se aplicará un recargo del 200 % en la adquisición de la segunda propiedad y del 1.000 % a partir de la tercera vivienda.
Preguntas y respuestas
¿Quién pagará el impuesto del 10 % sobre los pisos?
Las empresas, desde el primer inmueble, y los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. El Frente Amplio propone este impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos para incentivar que los propietarios bajen los alquileres.
Las personas con una, dos o tres viviendas no lo pagarían. Además, el Frente Amplio convertiría el IBI en un impuesto altamente progresivo que penalice las fincas de elevado valor catastral, las de grandes tenedores corporativos y las viviendas vacías sin justificación.
¿Quién quedará exento del impuesto del 10 % sobre los pisos?
Las viviendas alquiladas a precio asequible y estable. El Frente Amplio propone que sus titulares puedan mantenerlas sin pagar el nuevo impuesto si cumplen las condiciones de precio y estabilidad previstas.
También habría excepciones para particulares con participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor o circunstancias familiares acreditadas. Entre las empresas y entidades, quedarían fuera las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro.
¿Pagaré impuestos por comprar mi primera vivienda?
No pagarías el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales si es tu primera vivienda habitual y no superas un tope máximo de ingresos y de precio de la vivienda. El Frente Amplio propone esa exención total y, a cambio, un recargo del 200 % en la compra de la segunda propiedad y del 1.000 % a partir de la tercera.
Además, el Frente Amplio propone un gravamen estatal extraordinario que duplicaría la tributación de las compras de vivienda que no sean para uso habitual, también las de personas no residentes y extracomunitarias.
¿Qué tendrán que pagar las empresas y las SOCIMI?
El Frente Amplio propone que las empresas privadas con 50 o más asalariados aporten el 0,45 % de su masa salarial bruta para financiar vivienda pública de alquiler asequible, siguiendo el modelo francés. Recaudaría en torno a 1.000 millones de euros al año, suficientes para promover unas 10.000 viviendas de alquiler asequible cada año.
Las SOCIMI y las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas perderían su régimen fiscal especial: pagarían el tipo general del Impuesto sobre Sociedades, con un tipo mínimo real del 20 %, y dejarían de tener exenciones en beneficios y dividendos y bonificaciones en el IVA.
¿Qué ventajas fiscales tendrán la vivienda social y las cooperativas?
El Frente Amplio propone un IVA superreducido del 4 % para construir y rehabilitar vivienda social en alquiler y en cesión de uso, el mismo trato que la transmisión de vivienda de protección oficial.
Las cooperativas de vivienda en cesión de uso sin ánimo de lucro y las entidades del tercer sector tendrían un tipo cero en el Impuesto sobre Sociedades hasta que se regule a los proveedores sociales de vivienda. El Frente Amplio también revisaría la ley fiscal de cooperativas para proteger especialmente a las de cesión de uso.