Impulsar la economía social y las cooperativas
El Frente Amplio propone más financiación para cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, con un fondo estatal de economía social.
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Los datos clave
- Al menos el 51 % de la ponderación en los contratos públicos correspondería a criterios sociales y ambientales.
- Por encima del mínimo legal del 15 % se fijarían las reservas de contratos públicos para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción.
- Un fondo estatal de economía social y solidaria tendría presupuesto plurianual.
- Los trabajadores tendrían derechos preferentes de adquisición en la sucesión, venta o cierre de empresas viables.
Desde el Frente Amplio proponemos más financiación para cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, con un fondo estatal de economía social y solidaria y un tratamiento fiscal propio para las cooperativas.
Reconoceremos a las plantillas un derecho preferente para adquirir su empresa cuando se venda o cierre, y reformaremos la contratación pública para que los criterios sociales y ambientales pesen al menos el 51 % en las adjudicaciones.
Lo que dice el programa
- 8.3.1. Despliegue normativo e institucional de la economía social: Desarrollo reglamentario de la Ley 1/2026 integral de impulso de la economía social, creación del Catálogo de Entidades de Economía Social y dotación de financiación estable para la Estrategia Española de Economía Social.
- 8.3.2. Financiación, avales y preservación fiscal: Incrementaremos fondos, avales (a través del instrumento específico del ICO) y ayudas directas a cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. Mantendremos y consolidaremos el tratamiento fiscal específico y ventajoso para las cooperativas frente a las sociedades de capital.
- 8.3.3. Crearemos un fondo estatal de economía social y solidaria. Tendrá presupuesto plurianual y líneas específicas para financiar las políticas locales de los ayuntamientos y los proyectos de coproducción público-comunitaria, e incorporaremos criterios de economía social en las bases de las subvenciones de la Administración General del Estado.
- 8.3.4. Apostaremos por las cooperativas y la economía social como forma preferente para las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y explotaciones.
- 8.3.5. Transmisión preferente de empresas a plantillas y fondos colectivos: Reconoceremos derechos preferentes de adquisición para los trabajadores en procesos de sucesión, venta o cierre de empresas viables, apoyando su transformación en cooperativas o sociedades laborales mediante financiación pública, asesoramiento y fondos colectivos o reservas indivisibles que aseguren la permanencia del empleo.
- 8.3.6. Infraestructuras de vanguardia y finanzas éticas: Impulsaremos el Hub de Vanguardia de la Economía Social en Donostia y reconoceremos las finanzas éticas como agente transformador a través de medidas legislativas, operativas y de sensibilización.
- 8.3.7. Desarrollo del Reglamento de las SBIC: Desarrollaremos el Reglamento de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC) para dotarlas de seguridad jurídica e impulsar la generación de impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
- 8.3.8. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y criterios sociales/ambientales: Reforma normativa para eliminar el precio como criterio preferente de adjudicación, garantizando que los criterios sociales y ambientales representen al menos el 51 % de la ponderación. Incluiremos cláusulas de Comercio Justo y finanzas éticas, adjudicación por fases para asegurar pagos justos en la cadena de suministro, diseño de fórmulas que despenalicen bajadas moderadas, revisión de umbrales de ofertas anormalmente bajas y penalizaciones estrictas a las bajas temerarias.
- 8.3.9. Reservas de mercado y motor del mercado social: Fijaremos porcentajes de reserva de contratos públicos para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción superiores al mínimo legal del 15 %. Estableceremos objetivos vinculantes de contratación de productos y servicios de la Economía Social en la Administración General del Estado y sus empresas públicas, reconociendo la Auditoría/Balance Social como criterio de valoración.
- 8.3.10. Indexación de contratos y equiparación de autónomos dependientes: Indexaremos automáticamente los contratos públicos suscritos con autónomos al salario mínimo interprofesional y a los costes salariales. Garantizaremos la aplicación de las condiciones del convenio de la empresa cliente para los autónomos dependientes (TRADE).
- 8.3.11. Eje transversal en políticas públicas: Poder de la contratación pública como palanca de modernización, situando la transformación de pymes, autónomos y economía social como eje central de las políticas públicas industriales, digitales y de descarbonización.
- 8.3.12. Reconocer y compensar los costes de inserción: Aplicación efectiva y homogénea del régimen de compensaciones por servicios de interés económico general (SIEG) que reconoce la Ley 1/2026, con criterios comunes entre territorios; compensación de los costes específicos de inserción sociolaboral, incluidos los sobrecostes laborales y el acompañamiento; y un marco que evite que los límites de las ayudas de minimis restrinjan las ayudas a las empresas de inserción.
- 8.3.13. Aprobaremos un marco estatal de gestión público-comunitaria. Habilitará fórmulas de coproducción de servicios entre las administraciones y las entidades de la economía social y solidaria y desarrollará las fórmulas no contractuales de prestación de servicios sociales, como el concierto social, para que los cuidados financiados con fondos públicos se presten sin ánimo de lucro.
- 8.3.14. Llevaremos la economía social a la España que se vacía. Pondremos en marcha un Programa Estatal de Rescate Demográfico que apoye la creación y consolidación de cooperativas y empresas de economía social en municipios afectados por la despoblación, el envejecimiento o la pérdida de servicios, con especial atención a los proyectos liderados por mujeres y jóvenes, y abriremos una línea estatal de apoyo a equipamientos de fomento como los ateneos cooperativos y las escuelas de emprendimiento colectivo.
- 8.3.15. Defenderemos la economía social en el próximo presupuesto europeo. Impulsaremos que el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 reconozca la economía social como prioridad transversal, con presencia en los instrumentos de industria, cohesión, empleo, innovación y transición ecológica y digital, y que mantenga las líneas de apoyo del Fondo Social Europeo y de los programas de financiación para sus entidades.
Preguntas y respuestas
¿Qué ayudas tendrán las cooperativas con el Frente Amplio?
El Frente Amplio propone más fondos, avales a través del instrumento específico del ICO y ayudas directas para cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. Además, mantendríamos y consolidaríamos el tratamiento fiscal ventajoso de las cooperativas frente a las sociedades de capital.
Crearíamos un fondo estatal de economía social y solidaria con presupuesto plurianual, y las cooperativas y la economía social serían la forma preferente para las ayudas a pequeñas y medianas empresas y explotaciones.
¿Podrá la plantilla quedarse con una empresa que se vende o cierra?
Sí, si la empresa es viable. El Frente Amplio propone reconocer a los trabajadores derechos preferentes de adquisición en los procesos de sucesión, venta o cierre de empresas.
La transformación en cooperativa o sociedad laboral tendría financiación pública, asesoramiento y fondos colectivos o reservas indivisibles que aseguren la permanencia del empleo.
¿Cómo cambiarán los contratos públicos con el Frente Amplio?
El precio dejaría de ser el criterio preferente de adjudicación. El Frente Amplio propone reformar la Ley de Contratos del Sector Público para que los criterios sociales y ambientales representen al menos el 51 % de la ponderación, con cláusulas de Comercio Justo y finanzas éticas y penalizaciones estrictas a las bajas temerarias.
Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y las Empresas de Inserción tendrían reservas de contratos superiores al mínimo legal del 15 %. Además, los contratos públicos con autónomos se indexarían de forma automática al salario mínimo interprofesional y a los costes salariales.
¿Quién prestará los cuidados pagados con dinero público?
El Frente Amplio quiere que los cuidados financiados con fondos públicos se presten sin ánimo de lucro. Para ello proponemos un marco estatal de gestión público-comunitaria.
Ese marco habilitaría fórmulas de coproducción de servicios entre las administraciones y las entidades de la economía social y solidaria, y desarrollaría fórmulas no contractuales como el concierto social.
¿Qué propone el Frente Amplio para la economía social en los pueblos que pierden población?
El Frente Amplio propone un Programa Estatal de Rescate Demográfico que apoye la creación y consolidación de cooperativas y empresas de economía social en municipios afectados por la despoblación, el envejecimiento o la pérdida de servicios, con especial atención a los proyectos liderados por mujeres y jóvenes.
También abriríamos una línea estatal de apoyo a equipamientos como los ateneos cooperativos y las escuelas de emprendimiento colectivo.
¿Qué cambiará para los autónomos dependientes (TRADE)?
El Frente Amplio propone garantizar que a los autónomos dependientes (TRADE) se les apliquen las condiciones del convenio de la empresa cliente.