Una justicia moderna, renovada y accesible

El Frente Amplio reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ningún partido pueda bloquear la renovación del CGPJ.

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Los datos clave

  • Dos meses: sin acuerdo por tres quintos en ese plazo, las Cámaras podrían elegir a los vocales judiciales del CGPJ por mayoría absoluta.
  • Menos de 12 jueces por cada 100.000 habitantes tiene hoy España, frente a una media europea de más de 17, según el programa.
  • Dos legislaturas para alcanzar la media europea de jueces y fiscales por habitante.
  • Incompatibilidad total de jueces y magistrados con cualquier actividad remunerada ajena a la carrera judicial.
  • Ley estatal de justicia digital, con plazos obligatorios y financiación finalista para las comunidades autónomas.

Desde el Frente Amplio proponemos reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ningún partido pueda bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y un plan de plazas para alcanzar en dos legislaturas la media europea de jueces y fiscales por habitante.

Queremos una justicia digital, más asistencia jurídica gratuita, un acceso a la carrera judicial becado según renta y la incompatibilidad total de los jueces con cualquier actividad remunerada ajena a su carrera.

Lo que dice el programa

  • 18.7.1. Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ningún partido pueda volver a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales del turno judicial se seguirán eligiendo por mayoría de tres quintos, pero si en dos meses no hay acuerdo, las Cámaras podrán elegirlos en segunda votación por mayoría absoluta. Además, el nuevo Consejo podrá constituirse con los vocales ya elegidos, aunque falten los del turno de juristas.
  • 18.7.2. Responsabilidad de jueces por dolo o culpa grave: Recuperaremos el derecho de las personas perjudicadas a reclamar directamente al juez o magistrado que les haya causado daños por dolo o culpa grave, un derecho que suprimió la reforma de la LOPJ de 2015 del PP, al igual que esa posibilidad existe para cualquier otra profesión en nuestro país. La demanda solo podrá presentarse cuando la resolución sea firme, el Ministerio Fiscal intervendrá siempre como garante de la independencia judicial y la sentencia nunca alterará el fallo original.
  • 18.7.3. Juzgados de violencia sobre la mujer especializados: Garantizaremos la especialización de los juzgados de violencia sobre la mujer, que estarán en manos de profesionales con formación y experiencia real en esta materia. Si no hay especialistas para una plaza, tendrá preferencia quien haya servido al menos tres de los últimos cinco años en estos órganos, o seis de los últimos diez en el caso de las Audiencias. Los años trabajados en violencia sobre la mujer contarán como orden penal a efectos de carrera. Además, abriremos por una sola vez una vía extraordinaria para que quienes acrediten dos años de experiencia obtengan el título de especialista, con curso y evaluación.
  • 18.7.4. Incompatibilidad total de jueces y magistrados: Estableceremos la incompatibilidad total de jueces y magistrados con cualquier actividad remunerada ajena a la carrera judicial, porque la Constitución exige que su régimen de incompatibilidades asegure «la total independencia» de quienes juzgan (art. 127.2 CE). Eliminaremos la excepción que hoy permite cobrar de universidades privadas, academias, empresas, despachos o fundaciones por dar clases, conferencias o preparar opositores. La única formación que podrán impartir será en el sistema público que asumirá la preparación de futuros jueces.
  • 18.7.5. Más jueces y fiscales: Aprobaremos un plan plurianual de plazas para que España alcance en dos legislaturas la media europea de jueces y fiscales por habitante, de modo que el refuerzo de la justicia no dependa de la voluntad del gobierno de turno. Hoy tenemos menos de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de más de 17. Priorizaremos las especialidades más saturadas: violencia sobre la mujer, menores, social, mercantil, medio ambiente y delitos económicos y de corrupción. También cubriremos con plazas fijas los equipos que hoy no llegan, como forenses, equipos psicosociales y unidades de valoración integral de la violencia de género. Convocaremos cada año las plazas de letrados de la Administración de Justicia y de los cuerpos de gestión, estabilizaremos al personal interino e incentivaremos los destinos de difícil cobertura para que ningún juzgado funcione a medio gas.
  • 18.7.6. Sustituiremos el sistema memorístico judicial por acceso becado según renta a través de la Escuela Judicial.
  • 18.7.7. Justicia digital. Modernizaremos de una vez los juzgados. Acabaremos con el papel en los juzgados y con los sistemas informáticos incomunicados mediante una ley estatal de justicia digital con plazos obligatorios y financiación finalista para las comunidades autónomas. El Estado fijará estándares comunes y obligatorios de interoperabilidad, de forma que un expediente pase de un juzgado a otro en un clic. Los fondos irán vinculados a resultados medibles: expediente judicial electrónico en todos los órdenes, sedes judiciales accesibles, salas de videoconferencia y salas Gesell para declaraciones de menores y víctimas, espacios separados para víctimas de violencia machista y ciberseguridad.
  • 18.7.8. Justicia gratuita y turno de oficio: Ampliaremos el derecho a la asistencia jurídica gratuita y reforzaremos el turno de oficio, para que defenderse ante un tribunal no dependa de lo que cada persona tenga en la cuenta corriente. Subiremos los umbrales de renta que dan acceso al derecho y extenderemos el derecho a más colectivos: personas amenazadas de desahucio, víctimas de violencia sexual y vicaria, y personas migrantes en todos los procedimientos que afecten a sus derechos fundamentales. Aumentaremos la financiación del turno de oficio y actualizaremos los baremos para que la abogacía de oficio cobre lo que vale su trabajo. En las comunidades donde la gestión corresponde al Estado y en los asuntos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, agilizaremos la tramitación y estableceremos pagos con un plazo máximo legal para acabar con meses de retraso.
  • 18.7.9. Ampliaremos el uso de las penas no privativas de libertad y el medio abierto para los delitos de mediana gravedad.
  • 18.7.10. Introduciremos servicios de justicia restaurativa de carácter público y universal para todo el territorio, y en todas las fases del proceso penal y penitenciario. Para ello el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas deberán impulsar una legislación que así lo disponga y disponer la dotación de los medios materiales y personales adecuados.

Preguntas y respuestas

¿Cómo evitará el Frente Amplio el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?

Con una segunda votación por mayoría absoluta. El Frente Amplio propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del turno judicial del CGPJ se sigan eligiendo por tres quintos, pero que, si en dos meses no hay acuerdo, las Cámaras puedan elegirlos por mayoría absoluta.

El nuevo Consejo podría constituirse con los vocales ya elegidos aunque falten los del turno de juristas.

¿Habrá más jueces con el Frente Amplio?

Sí. El Frente Amplio propone un plan plurianual de plazas para que España alcance en dos legislaturas la media europea de jueces y fiscales por habitante. Según el programa, hoy hay menos de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a más de 17 de media europea.

El plan daría prioridad a las especialidades más saturadas, como violencia sobre la mujer, menores, social, mercantil, medio ambiente y delitos económicos y de corrupción, y estabilizaría al personal interino.

¿Cambiará la forma de acceder a la carrera judicial?

Sí. El Frente Amplio propone sustituir el sistema memorístico por un acceso a través de la Escuela Judicial con becas según renta. El sistema público asumiría la preparación de los futuros jueces.

¿Podrán los jueces cobrar por otras actividades?

No. El Frente Amplio propone la incompatibilidad total de jueces y magistrados con cualquier actividad remunerada ajena a la carrera judicial, eliminando la excepción que hoy les permite cobrar de universidades privadas, academias, empresas, despachos o fundaciones por dar clases, conferencias o preparar opositores.

Además, quien sufra daños por dolo o culpa grave de un juez podría volver a reclamarle directamente cuando la resolución sea firme, sin que la sentencia altere el fallo original.

¿Quién tendrá derecho a justicia gratuita?

Más personas que ahora. El Frente Amplio propone subir los umbrales de renta que dan acceso a la asistencia jurídica gratuita, extenderla a más colectivos, aumentar la financiación del turno de oficio y actualizar los baremos de la abogacía de oficio.

¿Qué cambiará en los juzgados?

El Frente Amplio propone una ley estatal de justicia digital para acabar con el papel y con los sistemas informáticos incomunicados, con plazos obligatorios y financiación ligada a resultados, como el expediente judicial electrónico o salas Gesell para las declaraciones de menores y víctimas.

También garantizaría que los juzgados de violencia sobre la mujer estén en manos de especialistas y ampliaría las penas no privativas de libertad y la justicia restaurativa.

Otras medidas