Una nueva política industrial y soberanía tecnológica

El Frente Amplio creará una Agencia Industrial Pública sobre la SEPI y un Banco Público de Inversión para que el Estado dirija la política industrial.

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Los datos clave

  • 3 % del PIB en I+D+i en 2030 y 4 % en la década siguiente es el objetivo de inversión.
  • 15 % aumentarían todos los programas de la Agencia Estatal de Investigación, en especial los de innovación.
  • 50 %: habría una acción de oro en las empresas estratégicas que vendan al menos esa parte de su producción al sector público.
  • 4,5 % del PIB de la UE tendría el plan de inversión europeo que se defendería para política industrial, competitividad e industria verde.
  • Cinco años antes, como mínimo, de cada posible cierre se pondrían en marcha los planes de transición justa en cada comarca afectada.

Desde el Frente Amplio proponemos que el Estado dirija la política industrial: transformaremos la SEPI en una Agencia Industrial Pública, crearemos un Banco Público de Inversión y condicionaremos las ayudas públicas a compromisos de empleo e inversión, con devolución si se incumplen. Llevaremos la inversión en I+D+i al 3 % del PIB en 2030.

Regularemos los centros de datos como infraestructura estratégica, impulsaremos una nube soberana y el software libre, y aprobaremos un plan de reindustrialización verde con una ley de transición justa.

Lo que dice el programa

Arquitectura institucional y banca pública de inversión

  • 6.1.1. Agencia Industrial Pública sobre la SEPI: Transformaremos la SEPI en una verdadera Agencia Industrial Pública, dotada de capital, personal especializado y capacidad operativa para crear empresas públicas, entrar en sectores estratégicos y coordinar la participación del Estado. Su actuación se articulará de forma coordinada con el ICO, CDTI, ENISA e instituciones autonómicas para evitar la dispersión de instrumentos públicos.
  • 6.1.2. Alcanzaremos una inversión en I+D+i del 3 % del PIB en 2030 y del 4 % en la década siguiente. Aprobaremos un presupuesto plurianual de ciencia e innovación que garantice un crecimiento constante de la inversión pública (hasta el 1,25 % del PIB, con un 1,75 % de inversión privada) y aumentaremos un 15 % todos los programas de la Agencia Estatal de Investigación, en especial los de innovación.
  • 6.1.3. Banco Público de Inversión y reorganización de fondos: Crearemos un Banco Público de Inversión y reorganizaremos de forma integral los fondos públicos de apoyo a la empresa (actualmente dispersos en diversos ministerios) y de las instituciones financieras públicas para invertir en la transformación del modelo productivo hacia la transición ecológica y digital.
  • 6.1.4. Creación de un fondo público de inversión tecnológica: Construiremos un fondo público de inversión para la innovación y empresas tecnológicas que apoye la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas innovadoras.
  • 6.1.5. Financiación a las startups, pymes innovadoras y proyectos de escala: Facilitaremos la financiación a proyectos con potencial tecnológico y productivo que encuentren barreras de acceso a crédito y capital privado apoyando especialmente a aquellos que incluyan iniciativas de economía social y cooperativa.
  • 6.1.6. Innovación territorial y empleo de calidad: Fomentaremos la inclusión de empresas tecnológicas que contribuyan a distribuir la actividad innovadora entre comunidades autónomas y territorios afectados por la desindustrialización o la despoblación. Los proyectos financiados deberán comprometerse con la creación de empleo estable, la formación, la igualdad y el arraigo territorial de la actividad productiva.
  • 6.1.7. Estrategia plurianual de inversión por misiones: Aprobaremos una estrategia plurianual de inversión por misiones que establezca objetivos medibles de descarbonización, autonomía tecnológica, producción de bienes esenciales y cuidados, con calendarios, asignación de responsables y presupuestos específicos. Los proyectos se evaluarán por su impacto productivo, social y ambiental, además de su rentabilidad financiera.

Reforma de la Ley de Industria y gobernanza empresarial

  • 6.1.8. Refuerzo de la Ley de Industria y participación pública: Refuerzo legal para la participación del Estado en el capital de empresas estratégicas, la recuperación de presencia pública en sectores clave y la titularidad pública de patentes. Introducción de una acción de oro (golden share) en empresas estratégicas que vendan al menos el 50 % de su producción al sector público, junto a la creación de mecanismos de control de precios de insumos esenciales en situaciones de emergencia.
  • 6.1.9. Condicionamiento estricto de ayudas públicas y retornos: Exigencia a las empresas beneficiarias de compromisos vinculantes de inversión, mantenimiento y calidad del empleo, formación, cumplimiento fiscal y permanencia de la actividad. Incorporaremos participaciones públicas en el capital, derechos sobre patentes o retornos sobre beneficios cuando la aportación pública sea relevante. Estableceremos cláusulas de devolución de ayudas ante incumplimientos y límites al reparto extraordinario de dividendos durante el periodo de apoyo público. Las ayudas se evaluarán por su uso real y se eliminarán si no cumplen los requisitos mínimos.

Estrategia de I+D+i, soberanía tecnológica y ciencia abierta

  • 6.1.10. Consolidación de objetivos de inversión en I+D+i y presupuesto plurianual: Aprobaremos un presupuesto plurianual de ciencia e innovación con recursos estables que aseguren el crecimiento constante de la inversión (incluso en escenarios de crisis) y mantengan la continuidad tras la finalización de los fondos europeos. Aumentaremos un 15 % los programas de la Agencia Estatal de Investigación (con foco en innovación), reforzaremos la financiación estructural de universidades y organismos de investigación, movilizaremos inversión privada y agilizaremos convocatorias y pagos previsibles.
  • 6.1.11. Posicionamiento internacional y carrera científica: Alcanzaremos la posición de país «fuertemente innovador» (100-125 % del promedio europeo) a lo largo de la legislatura y la de líder en innovación (>125 % del promedio europeo) en 2030. Consolidaremos el Estatuto del Personal de Investigación y las reformas de la carrera científica con empleo estable, mejores condiciones y programas de retorno del talento.
  • 6.1.12. Ciencia abierta, ciudadanía y democratización del sistema: Impulsaremos modelos de ciencia abierta y ciudadana, profundizando en la responsabilidad social del personal investigador. Crearemos el Consejo Ciudadano de Ciencia adscrito al Congreso de los Diputados para dinamizar propuestas ciudadanas en iniciativas legislativas, y potenciaremos la sociedad civil científica (sociedades, reales academias y asambleas) como contrapeso a los grupos de presión corporativos.
  • 6.1.13. Transferencia tecnológica y apoyo a pymes innovadoras: Superaremos modelos tradicionales de apoyo mediante el impulso decidido a los ecosistemas de pymes innovadoras y cooperativas. Crearemos redes de transferencia entre universidades, centros tecnológicos y empresas mediante asesoramiento, instalaciones compartidas y financiación para procesos eficientes, facilitando el acceso a empresas de menor tamaño y territorios con menor capacidad tecnológica.

Planificación estratégica y regulación estricta de centros de datos

  • 6.1.14. Planificación y gobernanza de infraestructuras digitales: Consideraremos los centros de datos como infraestructura estratégica nacional orientando su implantación según criterios de impacto socioeconómico y recursos disponibles. Garantizaremos que su titularidad y gobernanza queden bajo control nacional o europeo, evaluando su impacto acumulado sobre el suelo, las redes y los recursos hídricos.
  • 6.1.15. Requisitos energéticos, térmicos e hídricos: Condicionaremos nuevas instalaciones a que su consumo eléctrico esté respaldado por generación renovable adicional. Prohibiremos expresamente refrigerar con agua en cuencas en sequía y exigiremos utilizar agua regenerada o desalinizada, garantizando la prioridad absoluta del agua para el abastecimiento de la población. Obligación legal de aprovechar el calor residual (10 % en julio de 2026, aumentando al 20 % en 2028). Tarifa propia para grandes consumos que cubra la red y la nueva generación requerida (con contratos de larga duración y penalizaciones por cancelación anticipada).
  • 6.1.16. Fiscalidad, retorno territorial y contratación local: Estableceremos un gravamen sobre la actividad económica de los servicios digitales vinculados a los centros de datos («tasa nube»), destinando parte de la recaudación a los municipios y comarcas acogedoras. Obligación de contratar y formar personal en la región y garantía de prioridad de conexión eléctrica para viviendas, industrias y comunidades energéticas.
  • 6.1.17. Transparencia y auditoría energética: Publicaremos de forma obligatoria el consumo de luz y agua, la procedencia de la energía y el porcentaje de calor residual aprovechado por parte de las grandes instalaciones, impulsando la extensión de estos estándares de transparencia a toda la Unión Europea.

Nube soberana, software libre y autonomía digital

  • 6.1.18. Programa de Soberanía Tecnológica y software libre: Liderazgo público firme en la gobernanza tecnológica frente al dominio de grandes corporaciones extranjeras. Impulsaremos la creación de software y hardware de código abierto a través del Banco Público de Inversión, implantaremos auditorías públicas de contratos tecnológicos y crearemos un registro abierto de los sistemas de inteligencia artificial financiados con dinero público (siguiendo modelos como el Sovereign Tech Fund o la Suite Numérique).
  • 6.1.19. Adhesión al consorcio europeo de bienes comunes digitales (Digital Commons EDIC): Incorporaremos España al consorcio europeo creado en 2025 por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Luxemburgo para desarrollar, mantener y financiar de forma conjunta software libre e infraestructuras digitales compartidas, del que España no forma parte. España solicitará de inmediato el estatus de observadora y se incorporará como miembro de pleno derecho durante la legislatura, participando en el piloto de Sovereign Tech Fund europeo y en el desarrollo cooperativo de alternativas abiertas para las administraciones públicas (espacio de trabajo, nube, inteligencia artificial y ciberseguridad), en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
  • 6.1.20. Nube soberana para la administración pública y servicios críticos: Revisaremos la dependencia de proveedores tecnológicos no europeos en áreas críticas como defensa, sanidad, justicia, Hacienda y Seguridad Social en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Obligatoriedad legal de que los datos más sensibles del Estado se alojen exclusivamente en proveedores ubicados en España y sujetos de forma estricta a la legislación europea.
  • 6.1.21. Proyectos europeos de soberanía tecnológica: Impulso en la UE de proyectos como la constelación europea de satélites IRIS² y de cualquier otro que garantice una soberanía tecnológica real frente a la dependencia de las grandes tecnológicas de Silicon Valley.

Transición ecológica, reindustrialización verde y marco europeo

  • 6.1.22. Estrategia «España, potencia industrial verde»: Desplegaremos un plan integral de reindustrialización aprovechando la ventaja competitiva en energías renovables. Electrificaremos procesos industriales y servicios con asistencia técnica y apoyo a pymes. Desarrollaremos cadenas de valor completas en equipos renovables, almacenamiento, redes, movilidad eléctrica, rehabilitación, tecnologías digitales y medicamentos esenciales, coordinando suelo, conexiones y suministro mediante compra pública y financiación a largo plazo.
  • 6.1.23. Apoyo a la industria electrointensiva: Plan de apoyo específico para sectores de alto coste energético (como la industria cerámica), convirtiendo la disponibilidad de electricidad limpia y asequible en una ventaja competitiva industrial sostenida mediante descuentos en la tarifa para el consumo de electricidad de origen renovable y la obligación de instalar autoconsumo solar en las cubiertas de las instalaciones industriales.
  • 6.1.24. Formación Profesional industrial y empleo de calidad: Impulsaremos la Formación Profesional industrial e integraremos directamente los servicios públicos de empleo en los planes de reindustrialización regional y sectorial.
  • 6.1.25. Marco financiero europeo y gobernanza económica: Defensa en las instituciones europeas de un New Deal o gran plan de inversión equivalente al 4,5 % del PIB de la UE para política industrial, competitividad e industria verde. Prolongaremos los programas de inversión comunitaria, defenderemos una financiación bonificada del Banco Central Europeo (BCE) para la descarbonización y replantearemos las reglas de estabilidad presupuestaria para fiscalizar los superávits comerciales excesivos e infrainversiones verdes de países miembros.
  • 6.1.26. Aprobaremos una ley específica de transición justa. Garantizará planes anticipados para sectores potencialmente afectados por la transición ecológica. Los planes se pondrán en marcha al menos cinco años antes de cada potencial cierre para cada comarca afectada, con calendario, presupuesto, indicadores de empleo y población y evaluación independiente.

Preguntas y respuestas

¿Qué papel tendrá el Estado en la industria con el Frente Amplio?

Un papel directo. El Frente Amplio propone transformar la SEPI en una Agencia Industrial Pública con capital, personal especializado y capacidad para crear empresas públicas y entrar en sectores estratégicos, coordinada con el ICO, el CDTI, ENISA y las instituciones autonómicas.

También crearía un Banco Público de Inversión, reorganizando los fondos públicos de apoyo a la empresa hoy dispersos en diversos ministerios, y un fondo público de inversión para la innovación y las empresas tecnológicas. Los proyectos financiados tendrían que comprometerse con el empleo estable, la formación, la igualdad y el arraigo territorial.

Una estrategia plurianual de inversión por misiones fijaría objetivos medibles de descarbonización, autonomía tecnológica, producción de bienes esenciales y cuidados.

¿Qué exigirá el Frente Amplio a las empresas que reciben ayudas públicas?

Compromisos vinculantes de inversión, de mantenimiento y calidad del empleo, de formación, de cumplimiento fiscal y de permanencia de la actividad. Si la empresa incumple, tendría que devolver las ayudas.

Cuando la aportación pública sea relevante, el Estado recibiría participaciones en el capital, derechos sobre patentes o retornos sobre beneficios, y habría límites al reparto extraordinario de dividendos durante el periodo de apoyo. El Frente Amplio propone además una acción de oro en las empresas estratégicas que vendan al menos el 50 % de su producción al sector público.

¿Cuánto invertirá el Frente Amplio en ciencia e innovación?

El 3 % del PIB en 2030 y el 4 % en la década siguiente. La inversión pública crecería hasta el 1,25 % del PIB, con un 1,75 % de inversión privada.

El Frente Amplio propone un presupuesto plurianual de ciencia e innovación que mantenga la inversión incluso en escenarios de crisis y después de que terminen los fondos europeos, y subir un 15 % todos los programas de la Agencia Estatal de Investigación. Consolidaría el Estatuto del Personal de Investigación, con empleo estable y programas de retorno del talento, y crearía un Consejo Ciudadano de Ciencia adscrito al Congreso de los Diputados.

¿Qué normas tendrán los centros de datos?

El Frente Amplio propone que los nuevos centros de datos respalden su consumo eléctrico con generación renovable adicional y no puedan refrigerarse con agua en cuencas en sequía, sino con agua regenerada o desalinizada. Pagarían además un gravamen sobre los servicios digitales vinculados, la «tasa nube».

Los centros de datos se considerarían infraestructura estratégica nacional y tendrían que aprovechar el calor residual: un 10 % en julio de 2026 y un 20 % en 2028. Parte de lo recaudado con la «tasa nube» iría a los municipios y comarcas que los acogen, y las grandes instalaciones tendrían que publicar su consumo de luz y agua y la procedencia de su energía.

¿Qué es la nube soberana que propone el Frente Amplio?

Es la obligación legal de que los datos más sensibles del Estado se alojen exclusivamente en proveedores ubicados en España y sujetos a la legislación europea. El Frente Amplio la acompaña de un impulso al software y el hardware de código abierto.

Se revisaría la dependencia de proveedores tecnológicos no europeos en defensa, sanidad, justicia, Hacienda y Seguridad Social. España pediría de inmediato el estatus de observadora en el consorcio europeo de bienes comunes digitales (Digital Commons EDIC) y se incorporaría como miembro de pleno derecho durante la legislatura.

¿Qué pasará con las comarcas donde cierre una industria?

Tendrían un plan anticipado. El Frente Amplio propone una ley de transición justa que obligue a poner en marcha planes al menos cinco años antes de cada posible cierre, con calendario, presupuesto, indicadores de empleo y población y evaluación independiente.

La estrategia «España, potencia industrial verde» plantea una reindustrialización apoyada en las energías renovables, con cadenas de valor completas en sectores como los equipos renovables, la movilidad eléctrica y los medicamentos esenciales. Los sectores de alto coste energético, como la industria cerámica, tendrían descuentos en la tarifa por el consumo de electricidad renovable.

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