Viviendas para vivir, no para especular
El Frente Amplio prohibirá por ley comprar viviendas para cualquier fin que no sea vivir en ellas o alquilarlas a precio asequible regulado.
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Los datos clave
- 3 años como máximo para extinguir las licencias de pisos turísticos en edificios residenciales de las zonas tensionadas.
- 21 % de IVA pagarían los pisos turísticos, con un recargo en el IBI de hasta el 150 %.
- 30 días o menos: los alquileres de esa duración pasarían a considerarse turísticos.
- Hasta 1.000.000 € de multa podría imponer la Agencia Estatal de la Vivienda por infracciones graves.
- Más de 15.000 millones de euros de dinero público perdidos en la SAREB investigaría una comisión parlamentaria.
Desde el Frente Amplio proponemos que las viviendas sirvan para vivir. Prohibiremos por ley comprarlas para cualquier fin que no sea la residencia habitual o el alquiler asequible regulado, y en las zonas tensionadas acabaremos con los pisos turísticos en edificios residenciales en un plazo máximo de 3 años.
Crearemos una Agencia Estatal de la Vivienda con capacidad de sancionar y un registro obligatorio de contratos de alquiler, y daremos reconocimiento legal a los sindicatos de inquilinas.
Lo que dice el programa
Prohibición de compra especulativa a personas jurídicas y bancos
- 1.2.1. Prohibiremos por ley la compra de viviendas residenciales para cualquier fin que no sea la residencia habitual y permanente de la persona compradora o su arrendamiento bajo el régimen de alquiler asequible regulado. Esta prohibición alcanzará de forma absoluta a cualquier persona jurídica con ánimo de lucro, como fondos buitre, SOCIMIs, inmobiliarias, entidades bancarias y fondos de inversión.
Obligación legal de uso habitual y derecho de tanteo y retracto estatal
- 1.2.2. Para garantizar el control público de las operaciones inmobiliarias de gran escala, se reconoce un derecho de tanteo y retracto preferente y subsidiario a la entidad pública estatal Casa 47 (respetando la prioridad de administraciones autonómicas y locales) para la adquisición prioritaria de edificios completos y carteras inmobiliarias antes de su comercialización privada.
Erradicación de pisos turísticos y alquileres de temporada fraudulentos
- 1.2.3. Tramitaremos la extinción progresiva y definitiva de todas las licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y alquileres de temporada fraudulentos en edificios residenciales en un plazo máximo de 3 años dentro de las zonas tensionadas, devolviendo las fincas al uso residencial estable.
- 1.2.4. La actividad económica de los pisos turísticos pasará a tributar al tipo general del IVA del 21 % y perderán toda deducción en el Impuesto sobre Sociedades e IRPF (gastos financieros, reformas y amortización), se elevará al 20 % la imputación de rentas en IRPF por periodos no ocupados y sufrirán un recargo en el IBI de hasta el 150 %.
- 1.2.5. Las plataformas digitales estarán obligadas a retirar de inmediato cualquier anuncio no registrado bajo apercibimiento de multas administrativas de elevada cuantía.
- 1.2.6. Daremos continuidad a la normativa para evitar la elusión de la regulación a través del alquiler de temporada y de habitaciones, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los alquileres con una duración igual o menor a 30 días pasarán a considerarse alquileres turísticos para evitar el fraude de ley de las plataformas turísticas y se equiparará el régimen jurídico, en especial en lo relativo a los mecanismos de contención de rentas, entre el alquiler de vivienda habitual y el alquiler de temporada, así como respecto del alquiler de habitaciones.
Creación de la Agencia Estatal de la Vivienda (AEV) y del Registro Estatal de Arrendamientos (REA)
- 1.2.7. Constituiremos la Agencia Estatal de la Vivienda (AEV) como organismo público independiente dotado de un cuerpo especializado de inspección y capacidad sancionadora directa para imponer multas de hasta 1.000.000 € por infracciones graves a la normativa inmobiliaria. Se complementará y coordinará con las comunidades autónomas y ayuntamientos que ya dispongan de equipos de inspección y sanción.
- 1.2.8. Paralelamente, crearemos el Registro Estatal de Arrendamientos (REA) en tiempo real, en el que será obligatorio inscribir cualquier contrato de alquiler de vivienda habitual o de temporada de forma previa a su publicidad o firma, permitiendo controlar fraudes y evitar encadenamientos ilícitos de contratos de corta estancia.
- 1.2.9. Daremos recursos a ayuntamientos y comunidades autónomas para que hagan cumplir la normativa de pisos turísticos y de vivienda. Serán fondos condicionados a reforzar la inspección y la sanción, porque de nada sirve una buena ley si no hay recursos o voluntad política para aplicarla. Esto incluirá financiación a los ayuntamientos para que, una vez que hayan vencido los plazos de la licencia o del plan sin que se haya iniciado la construcción, puedan iniciar los trámites, declarar el incumplimiento de la obligación de construir y llevar a cabo la expropiación de los terrenos en manos de especuladores, pagando un precio justo, para destinarlos a viviendas públicas con alquileres asequibles.
Reconocimiento de sindicatos de inquilinas y regulación de la huelga de alquileres
- 1.2.10. Otorgaremos reconocimiento legal pleno a los Sindicatos de Inquilinas como organizaciones representativas con potestad para negociar convenios colectivos de arrendamiento de ámbito territorial o de gran tenedor.
- 1.2.11. Asimismo, regularemos el derecho a la huelga de alquileres en supuestos de abusos sistémicos o incumplimientos graves de las condiciones de habitabilidad, permitiendo el depósito de la renta en consignación judicial sin que ello pueda ser esgrimido como causa judicial de desahucio.
- 1.2.12. Aprobaremos una Carta Estatal de Derechos de las Personas Inquilinas. Reforzaremos la defensa legal de inquilinas e inquilinos frente a los abusos, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la existencia de cláusulas abusivas sea causa de oposición.
Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la gestión de la SAREB
- 1.2.13. Pondremos en marcha de inmediato una Comisión de Investigación Parlamentaria encargada de auditar de forma exhaustiva la gestión de la SAREB desde su creación en 2012. La comisión analizará las desinversiones realizadas a fondos buitre a precio de saldo y depurará responsabilidades políticas, contables y patrimoniales por los más de 15.000 millones de euros de dinero público perdidos y los 35.000 millones de deuda absorbidos por el Estado.
Preguntas y respuestas
¿Quién podrá comprar una vivienda con el Frente Amplio?
Quien la compre para vivir en ella de forma habitual y permanente o para alquilarla en régimen de alquiler asequible regulado. El Frente Amplio propone prohibir por ley la compra de viviendas residenciales para cualquier otro fin.
La prohibición alcanzaría de forma absoluta a cualquier persona jurídica con ánimo de lucro, como fondos buitre, SOCIMIs, inmobiliarias, entidades bancarias y fondos de inversión. Además, en las operaciones de gran escala, la entidad pública estatal Casa 47 tendría un derecho de tanteo y retracto para comprar con prioridad edificios completos y carteras inmobiliarias antes de que salgan a la venta privada.
¿Qué pasará con los pisos turísticos?
En las zonas tensionadas desaparecerán de los edificios residenciales en un plazo máximo de 3 años. El Frente Amplio propone extinguir de forma progresiva y definitiva todas esas licencias de viviendas de uso turístico, y también los alquileres de temporada fraudulentos, para devolver las fincas al uso residencial estable.
Los pisos turísticos pagarían además el tipo general del IVA, el 21 %, perderían las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF y tendrían un recargo en el IBI de hasta el 150 %. Las plataformas digitales estarían obligadas a retirar de inmediato cualquier anuncio no registrado.
¿Qué cambiará en los alquileres de temporada y de habitaciones?
Tendrán las mismas reglas que el alquiler de vivienda habitual, en especial en la contención de precios. El Frente Amplio propone modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los alquileres de 30 días o menos se consideren turísticos y no se pueda eludir la regulación por esa vía.
Además, todo contrato de alquiler de vivienda habitual o de temporada tendría que inscribirse en un Registro Estatal de Arrendamientos antes de anunciarse o firmarse, para controlar fraudes y evitar el encadenamiento ilícito de contratos cortos.
¿Quién vigilará que se cumplan las normas de vivienda?
Una nueva Agencia Estatal de la Vivienda, un organismo público independiente con inspectores propios y capacidad de sancionar directamente. El Frente Amplio propone que pueda imponer multas de hasta 1.000.000 € por infracciones graves, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ayuntamientos y comunidades autónomas recibirían también fondos condicionados a reforzar la inspección y la sanción en materia de pisos turísticos y vivienda.
¿Qué nuevos derechos tendrán los inquilinos?
El Frente Amplio propone dar reconocimiento legal pleno a los sindicatos de inquilinas, que podrían negociar convenios colectivos de arrendamiento de ámbito territorial o de gran tenedor. También aprobaría una Carta Estatal de Derechos de las Personas Inquilinas.
Proponemos regular la huelga de alquileres ante abusos sistémicos o incumplimientos graves de las condiciones de habitabilidad: la renta podría depositarse en el juzgado sin que eso sirva como causa de desahucio. Y las cláusulas abusivas pasarían a ser causa de oposición en los juicios.
¿Qué propone el Frente Amplio sobre la SAREB?
El Frente Amplio propone una Comisión de Investigación Parlamentaria que audite la gestión de la SAREB desde su creación en 2012, analice sus ventas a fondos buitre a precio de saldo y depure responsabilidades políticas, contables y patrimoniales por los más de 15.000 millones de euros de dinero público perdidos y los 35.000 millones de deuda absorbidos por el Estado.