Un gran parque público de vivienda en alquiler
El Frente Amplio destinará el 1 % del PIB al año a crear un gran parque público y asequible de vivienda, mayoritariamente en alquiler.
- Publicado
- Actualizado
Los datos clave
- 1 % del PIB al año (aprox. 17.000 M€) de asignación permanente para crear el parque público de vivienda.
- 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, a razón de 125.000 al año.
- 20 % del parque total en 2035 sería vivienda pública.
- 600 € al mes como máximo de alquiler público para un inmueble tipo de 80 m², sin superar el 25 % de la renta.
- 90 % de la edificabilidad residencial, como mínimo, reservada para vivienda habitual (el 100 % en zonas tensionadas).
Desde el Frente Amplio proponemos destinar de forma permanente el 1 % del PIB al año a crear un gran parque público y asequible de vivienda, mayoritariamente en alquiler. Queremos incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, con un alquiler de 600 € al mes como máximo para un piso tipo de 80 m².
Para conseguirlo, aprobaremos una ley para expropiar viviendas a los grandes propietarios corporativos, reservaremos el suelo residencial para vivienda habitual y apoyaremos la vivienda cooperativa en cesión de uso.
Lo que dice el programa
Plan Estatal para conformar un parque público y asequible de vivienda en alquiler
- 1.1.1. Asignación presupuestaria permanente del 1 % del PIB anual (aprox. 17.000 M€/año) consagrada a la creación del parque público de vivienda.
- 1.1.2. Ampliaremos el parque público y asequible de vivienda a través de la construcción directa y delegada, la compra por tanteo y retracto, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada, la redensificación, la expropiación y el ejercicio del tanteo público con el que se incorporarán 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años (125.000 viviendas públicas/año), alcanzando la media europea (9,3 %) durante la legislatura y el 20 % del parque total en 2035. Los precios del alquiler público se toparán teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio con un máximo de 600 € mensuales para inmuebles tipo de 80 m² y en cualquier caso teniendo en cuenta el coste de la vida de cada territorio para que no supere el 25 % de la renta.
- 1.1.3. Modificaremos la legislación vigente para que ninguna vivienda protegida pase al mercado libre, independientemente de quién sea su titular y cualquiera que sea el régimen de acceso o disfrute.
Expropiación progresiva del stock inmobiliario de grandes tenedores corporativos
- 1.1.4. Aprobación de la Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados: El proceso afectará en primera fase al stock residencial de entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas (como Blackstone o CaixaBank), en segunda fase a tenedores de más de 700 viviendas y en tercera fase a empresas propietarias de más de 50 inmuebles. Paralelamente, adscribiremos obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB a la empresa pública Casa 47.
Reserva obligatoria del 90 % de suelo para vivienda habitual
- 1.1.5. Modificación de la Ley del Suelo para que el uso residencial signifique exclusivamente vivienda habitual: La ley fijará una reserva mínima del 90 % de la edificabilidad residencial para vivienda habitual, que será del 100 % en las zonas tensionadas. Reservaremos para vivienda protegida al menos el 40 % de la edificabilidad residencial, destinada mayoritariamente a alquiler asequible (25 % del ingreso medio de los hogares de cada zona censal) mediante la reforma de la Ley del Suelo.
- 1.1.6. El suelo urbanizable adscrito a vivienda que permanezca inactivo o sin ejecutar durante 2 años se expropiará automáticamente o revertirá a suelo no urbanizable.
Vivienda cooperativa en cesión de uso
- 1.1.7. Aprobaremos una línea del ICO para la promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso, participación de la economía social y solidaria en el Fondo de Vivienda de Impacto Social y un sistema de avales y garantías a través de CERSA y las sociedades de garantía recíproca.
- 1.1.8. Movilizaremos suelo y edificios públicos de titularidad estatal, incluidos los de Casa 47, para su cesión a cooperativas sin ánimo de lucro mediante derechos de superficie a largo plazo, con instrumentos de concertación con el sector y concursos restringidos.
- 1.1.9. Reconoceremos por ley a los proveedores sociales de vivienda sin ánimo de lucro, incluida la vivienda cooperativa en cesión de uso, en coordinación con las figuras autonómicas existentes, y estableceremos un marco jurídico sólido para su colaboración con las administraciones públicas en la promoción de vivienda social y asequible.
- 1.1.10. Impulsaremos líneas específicas de ayudas a la vivienda cooperativa en cesión de uso para los hogares con menos recursos, mecanismos de financiación que complementen la financiación ajena y reduzcan las aportaciones iniciales de capital de las personas socias, y acceso garantizado de las personas socias a las ayudas al alquiler.
- 1.1.11. Reconocimiento y protección legal de la covivienda en el medio rural mediante cooperativas en cesión de uso, a través de la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, facilitando la rehabilitación de edificaciones existentes para varias unidades de convivencia y garantizando que la atribución del uso a las personas socias no se considere, por sí misma, una segregación o parcelación urbanística.
Preguntas y respuestas
¿Cuántas viviendas públicas construirá el Frente Amplio y en cuánto tiempo?
El Frente Amplio propone incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, es decir, 125.000 al año. Con ello la vivienda pública alcanzaría la media europea, el 9,3 %, durante la legislatura y el 20 % del parque total en 2035.
Las viviendas llegarían por varias vías: construcción directa y delegada, compra por tanteo y retracto, movilización de vivienda vacía o infrautilizada, redensificación, expropiación y ejercicio del tanteo público. Para financiarlo, proponemos una asignación presupuestaria permanente del 1 % del PIB anual, unos 17.000 M€ al año.
¿Cuánto costará el alquiler de una vivienda pública?
Como máximo, 600 € al mes para un inmueble tipo de 80 m². El Frente Amplio propone topar los precios del alquiler público teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio, para que no superen el 25 % de la renta.
Además, el Frente Amplio cambiaría la ley para que ninguna vivienda protegida pase al mercado libre, sea quien sea su titular.
¿A quién le expropiará viviendas el Frente Amplio?
A propietarios corporativos privados, en tres fases según el número de viviendas que tengan. El Frente Amplio propone una Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados: la primera fase afectaría a las entidades con más de 1.000 viviendas, como Blackstone o CaixaBank, la segunda a tenedores de más de 700 y la tercera a empresas con más de 50 inmuebles.
En paralelo, todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB pasarían de forma obligatoria a la empresa pública Casa 47.
¿Qué cambiará en el uso del suelo para construir viviendas?
El Frente Amplio propone reformar la Ley del Suelo para que el uso residencial signifique solo vivienda habitual. Al menos el 90 % de la edificabilidad residencial se reservaría para vivienda habitual, y el 100 % en las zonas tensionadas.
Al menos el 40 % se reservaría para vivienda protegida, mayoritariamente en alquiler asequible, que el Frente Amplio define como el 25 % del ingreso medio de los hogares de cada zona censal. Y el suelo urbanizable para vivienda que siga sin construirse durante 2 años se expropiaría automáticamente o volvería a ser no urbanizable.
¿Qué apoyo tendrá la vivienda cooperativa con el Frente Amplio?
El Frente Amplio propone financiación pública, cesión de suelo y edificios del Estado y reconocimiento legal para la vivienda cooperativa en cesión de uso. Incluye una línea del ICO y un sistema de avales y garantías a través de CERSA y las sociedades de garantía recíproca.
El Estado cedería suelo y edificios de su titularidad, incluidos los de Casa 47, a cooperativas sin ánimo de lucro mediante derechos de superficie a largo plazo. Habría también ayudas específicas para los hogares con menos recursos y mecanismos que reduzcan las aportaciones iniciales de capital de las personas socias.