Energía limpia, pública y al alcance de todas las familias

El Frente Amplio dará tres horas de luz gratis al día a todos los hogares y creará una comercializadora eléctrica pública.

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Los datos clave

  • Tres horas de luz gratis al día en la franja solar para todos los hogares, tengan o no placas.
  • Antes de 2030, todas las comunidades de vecinos con tejado o azotea útiles tendrán una instalación solar de autoconsumo compartido.
  • 100 % de generación eléctrica renovable en 2040, con pasos intermedios del 81 % en 2030 y el 90 % en 2035.
  • 1,7 millones de familias con bono social térmico tendrán un plan de climatización que cubre entre el 85 % y el 95 % de la instalación.
  • Al menos el 20 % del capital de las instalaciones renovables de más de 5 MW se ofrecerá a vecinos, ayuntamientos o comunidades energéticas.

Desde el Frente Amplio proponemos reconocer la electricidad como un servicio público y un bien de primera necesidad. Daremos tres horas de luz gratis al día a todos los hogares, crearemos una tarifa social que sustituya a los bonos sociales y una comercializadora pública, y llevaremos placas solares a todas las comunidades de vecinos antes de 2030.

Las redes de distribución de electricidad y gas pasarán a ser públicas, cumpliremos el calendario de cierre de las nucleares y alcanzaremos una generación eléctrica 100 % renovable en 2040, con vecinos y ayuntamientos como socios de los proyectos.

Lo que dice el programa

Renovables justas y respetuosas con el territorio

  • 5.1.1. Aceleraremos la expansión renovable y eliminaremos nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Garantizaremos el desarrollo de las energías renovables desde una planificación ordenada, sostenible y al servicio del territorio. Impulsaremos la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, priorizando el autoconsumo, las comunidades energéticas, las instalaciones en cubiertas y espacios ya transformados, así como la repotenciación de parques existentes frente a una ocupación indiscriminada de nuevos suelos. Coordinaremos el despliegue de nueva generación renovable con la capacidad de almacenamiento, las redes de transporte y distribución y la electrificación de los consumos. Garantizaremos que los proyectos respeten la ordenación territorial, la protección de la biodiversidad, los usos agrarios y los valores paisajísticos, incorporando una evaluación ambiental rigurosa y acumulativa. Reforzaremos los medios de las administraciones públicas para tramitar los proyectos con agilidad, transparencia y garantías, asegurando la participación efectiva de los municipios y de las poblaciones afectadas. Impulsaremos sistemas de almacenamiento —baterías y bombeo— y mecanismos de gestión de la demanda que permitan aprovechar mejor la energía producida, reducir los vertidos y disminuir la necesidad de recurrir a centrales de gas. La transición energética debe generar beneficios para el territorio y sus habitantes, con participación pública y retorno económico y social en el territorio.
  • 5.1.2. Haremos que las renovables contribuyan a vertebrar el país y a fijar población en la España vaciada. Garantizaremos el carácter público de las líneas de transporte de más de 380 kV y crearemos una oficina de mediación con un protocolo de participación ciudadana. Además, reconoceremos el derecho al autoconsumo compartido para todos los vecinos y vecinas del municipio y de los municipios limítrofes en un radio mínimo de 20 km.
  • 5.1.3. Abriremos a la participación local el capital de proyectos renovables, ofreciendo al menos el 20 % del capital de instalaciones de más de 5 MW (o las rentas equivalentes) a vecinos, ayuntamientos o comunidades energéticas, con herramientas adaptadas y acordadas territorialmente. Redistribuiremos los beneficios más allá de los propietarios del suelo, reconociendo los efectos del uso de red y del despliegue sobre áreas más amplias, con aportaciones municipales por MWh generado y beneficios para las comunidades afectadas.
  • 5.1.4. Aumentaremos las ayudas a las comunidades energéticas y al autoconsumo colectivo, incluidas las baterías.
  • 5.1.5. Crearemos un Fondo Generacional de la Energía, inspirado en el modelo noruego, con participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas. La mitad de los beneficios se reinvertirá en el fondo y la otra mitad irá a vivienda pública, rehabilitación y pensiones. Una parte de los impuestos de cada proyecto financiará comunidades energéticas municipales, para que los pueblos que producen la energía paguen menos por ella.
  • 5.1.6. Plan de Tejados Solares: Antes de 2030, todas las comunidades de vecinos con un tejado o una azotea útiles tendrán una instalación solar de autoconsumo compartido. Será obligatoria y la financiará el Estado: adelantará el coste y la comunidad lo devolverá sin intereses con una parte de lo que ahorre en la luz. Europa ya exige placas en los edificios de viviendas nuevos a finales de 2029.

Reforma del mercado eléctrico e intervención estatal

  • 5.1.7. Garantizaremos el acceso a la energía necesaria para una vida digna. Sustituiremos los bonos sociales por una tarifa social de la energía, con reconocimiento de oficio para que todas las personas con derecho a esta protección puedan recibirla. Actualizaremos las cuantías y los límites de consumo protegido para cubrir las necesidades básicas de electricidad, calefacción y refrigeración. Convertiremos en permanente la protección frente a los cortes por impago de los hogares vulnerables.
  • 5.1.8. Reformaremos el sistema marginalista de precios del pool eléctrico.
  • 5.1.9. Aprovecharemos toda la capacidad útil de las redes de distribución existentes, reforzando la supervisión de la CNMC mediante auditorías de la capacidad disponible, las reservas de acceso y las denegaciones de conexión. Revisaremos los criterios de cálculo cuando restrinjan injustificadamente el aprovechamiento de la red e implantaremos los permisos de acceso flexible, preservando la seguridad del suministro. Haremos efectiva la liberación de capacidad reservada por proyectos que incumplan sus plazos y garantizaremos información pública, actualizada y verificable.
  • 5.1.10. Reconoceremos la electricidad como servicio público y bien de primera necesidad, garantizando el acceso universal y la disponibilidad de un suministro básico acorde con las características familiares, incorporándolo a la regulación sectorial.

Avanzaremos en el control público de la energía, incrementando la participación del Estado en el sistema eléctrico a través de Redeia y Enagás con la aportación de los activos que pasen a formar parte del mismo. Para ello:

  • 5.1.11. Modificaremos la legislación actual para establecer la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y de gas. Esta titularidad pública incluirá tanto la red existente como los nuevos desarrollos de red y las ampliaciones de capacidad que se realizan a cargo de terceros. Habilitaremos el marco jurídico para que las comunidades autónomas que lo soliciten puedan asumir la titularidad de redes de distribución en su ámbito territorial. La habilitación de este marco jurídico incluirá la posibilidad de que las entidades locales puedan asumir igualmente dicha titularidad y de que las comunidades energéticas puedan gestionar redes de distribución en su ámbito de actuación.
  • 5.1.12. Asumiremos de forma directa desde el sector público la gestión de los saltos de agua cuyas concesiones vayan expirando.
  • 5.1.13. Crearemos una comercializadora pública de referencia, que distribuya energía a los hogares y rompa el oligopolio y su integración vertical. Esta empresa asumirá la gestión del PVPC y del bono social, ofrecerá una tarifa social que incluya un mínimo energético vital y utilizará contratos de suministro a largo plazo para ofrecer estabilidad.
  • 5.1.14. Recuperaremos el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico revisando las exenciones, su calendario de aplicación y la distribución de los costes e ingresos del sistema energético.
  • 5.1.15. Recuperaremos una Comisión Nacional de la Energía independiente, separando así la regulación especializada de la autoridad transversal de competencia, reforzando su capacidad técnica y sancionadora, y estableciendo nombramientos parlamentarios. Incorporaremos además la representación activa de consumidores, sindicatos y organizaciones ambientales.
  • 5.1.16. Aprobaremos un plan de climatización de hogares para los 1,7 millones de familias con bono social térmico. Cubriremos entre el 85 % y el 95 % de la instalación de bombas de calor, aerotermia o bioclimatización, y aumentaremos en 144 kWh el umbral de consumo bonificado en junio, julio y agosto.
  • 5.1.17. Evitaremos el crecimiento del biogás dependiente de la actividad de las macrogranjas. Endureceremos drásticamente la normativa básica estatal de emisiones, la normativa de nitratos y las limitaciones de las plantas de valorización de purines para acabar con el boom descontrolado de este sector.
  • 5.1.18. Planificación estratégica de soluciones renovables de alto impacto: Regularemos el empleo de las soluciones energéticas renovables como el hidrógeno renovable, la biomasa, el biogás y los biocombustibles (a base de residuos), que tienen un alto impacto y baja eficiencia, de manera que solo se empleen de manera controlada en sectores estratégicos de difícil descarbonización o donde esté disponible el residuo.
  • 5.1.19. Hidrógeno solo donde hace falta: El hidrógeno renovable se reservará a la industria que no puede funcionar con electricidad directamente. Retiraremos el apoyo público al H2Med y destinaremos esos 7.000 M€ a redes, almacenamiento y electrificación industrial. En cualquier caso, se debe realizar un estudio de impacto ambiental estratégico para la red de hidrógeno verde que evalúe su necesidad real y también de la infraestructura de energías renovables y electrolisis asociada, para planificar su despliegue y priorizar la electrificación directa de los usos frente al empleo del hidrógeno.
  • 5.1.20. Tres horas de luz gratis al día: En las horas de mayor producción de energía eléctrica solar y en las que hay excedente con respecto a lo que consumimos, la luz será gratis para todos los hogares, tengan o no placas solares. La comercializadora pública ofrecerá de partida tres horas diarias gratuitas en la franja solar, y las grandes comercializadoras estarán obligadas por ley a incluirlas en su oferta. Para que esas horas gratis no se cobren en el resto del día, la CNMC vigilará los precios y sancionará cualquier subida que las compense. Los peajes de red de esas horas se pagarán con el gravamen a las grandes energéticas.
  • 5.1.21. Cumpliremos el calendario de cierre de las centrales nucleares. Almaraz I y II cerrarán en los plazos previstos (2027-2028), sin beneficios fiscales, con la gestión de los residuos a cargo de las empresas y con recursos para la transición justa de sus trabajadores y la reactivación de las comarcas afectadas. Exigiremos que los operadores financien los costes que les corresponden de desmantelamiento y gestión de residuos.
  • 5.1.22. Eliminaremos las subvenciones a los combustibles fósiles y las ayudas en las crisis se darán según la renta. El Estado dejará de invertir en empresas dedicadas a la exploración, extracción, refino o distribución de combustibles fósiles. Planificaremos la retirada de los ciclos combinados hasta 2045 y el desmantelamiento ordenado de la red de gas, sin nuevas infraestructuras ni inversiones retribuidas que acaben pagando los consumidores, con un gestor técnico gasista público. Prohibiremos importar gas obtenido con fracking o procedente de territorios sancionados por vulnerar los derechos humanos.
  • 5.1.23. Ayudaremos a electrificar los pequeños barcos pesqueros de los puertos de pequeñas localidades.
  • 5.1.24. Financiaremos la compra de aparatos de refrigeración para personas vulnerables: Daremos ayudas a la compra e instalación de aparatos de refrigeración (aerotermia, aire acondicionado de pared, aire acondicionado portátil…) para personas vulnerables (mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, etc.) en función de la región climática.
  • 5.1.25. Creación de un cuerpo civil climático: Crearemos un cuerpo público y estable en el marco del Plan de Empleo Garantizado dedicado a cuidar el territorio y a la prevención de incendios en invierno y extinción en verano, restauración de ríos y acuíferos, adaptación a sequías e inundaciones y apoyo técnico a quienes quieran pasarse a la agricultura regenerativa.

Preguntas y respuestas

¿Cómo bajará el Frente Amplio la factura de la luz?

Con tres horas de luz gratis al día en la franja solar, una tarifa social de la energía y una comercializadora pública. Las tres horas gratis son para todos los hogares, tengan o no placas solares.

La comercializadora pública ofrecería de partida esas tres horas y las grandes comercializadoras estarían obligadas por ley a incluirlas en su oferta. La CNMC vigilaría que no se cobren en el resto del día, y los peajes de red de esas horas se pagarían con el gravamen a las grandes energéticas.

La comercializadora pública asumiría también la gestión del PVPC y del bono social, y usaría contratos de suministro a largo plazo para dar estabilidad a los precios. El Frente Amplio propone además reformar el sistema marginalista de precios del mercado eléctrico.

¿Qué es la tarifa social de la energía que propone el Frente Amplio?

Es la tarifa que sustituiría a los actuales bonos sociales. El Frente Amplio propone que se reconozca de oficio, sin tener que solicitarla, y que cubra las necesidades básicas de electricidad, calefacción y refrigeración.

Además, la protección frente a los cortes por impago de los hogares vulnerables pasaría a ser permanente.

¿Qué propone el Frente Amplio sobre placas solares y autoconsumo?

Un Plan de Tejados Solares obligatorio y financiado por el Estado para las comunidades de vecinos. El Estado adelantaría el coste de la instalación y la comunidad lo devolvería sin intereses con una parte de lo que ahorre en la factura de la luz.

El Frente Amplio reconoce también el derecho al autoconsumo compartido con los vecinos del municipio y de los municipios limítrofes en un radio mínimo de 20 km, y aumenta las ayudas a las comunidades energéticas y al autoconsumo colectivo, incluidas las baterías.

¿Quién controlará la red eléctrica?

El sector público. El Frente Amplio propone que las redes de distribución de electricidad y de gas, existentes y nuevas, sean de titularidad pública, y que el Estado aumente su participación en el sistema eléctrico a través de Redeia y Enagás. Las comunidades autónomas y las entidades locales que lo soliciten podrían asumir esa titularidad en su territorio.

El sector público gestionaría directamente los saltos de agua cuyas concesiones vayan expirando. Además, se recuperaría una Comisión Nacional de la Energía independiente, con nombramientos parlamentarios y representación de consumidores, sindicatos y organizaciones ambientales.

¿Qué gana un pueblo donde se instalan renovables?

Participación en la propiedad y en los ingresos. El Frente Amplio propone que vecinos, ayuntamientos o comunidades energéticas puedan tener al menos el 20 % del capital de las instalaciones de más de 5 MW, y que haya aportaciones municipales por cada MWh generado.

El Fondo Generacional de la Energía tendría una participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones pequeñas y medianas. La mitad de sus beneficios se reinvertiría en el fondo y la otra mitad iría a vivienda pública, rehabilitación y pensiones.

El despliegue daría prioridad al autoconsumo, a las cubiertas, a los espacios ya transformados y a la repotenciación de parques existentes frente a la ocupación de suelos nuevos.

¿Qué pasará con las nucleares, el gas y el hidrógeno?

El Frente Amplio propone cumplir el calendario de cierre de las centrales nucleares, retirar el gas de forma planificada y reservar el hidrógeno renovable a la industria que no puede funcionar con electricidad. Almaraz I y II cerrarían en 2027-2028, sin beneficios fiscales y con la gestión de los residuos a cargo de las empresas.

Se eliminarían las subvenciones a los combustibles fósiles, se planificaría la retirada de los ciclos combinados hasta 2045 y se prohibiría importar gas obtenido con fracking. El apoyo público al H2Med se retiraría y esos 7.000 millones de euros irían a redes, almacenamiento y electrificación industrial.

Otras medidas