Reforma del modelo de financiación autonómica
El Frente Amplio impulsará de inmediato la reforma de la financiación autonómica, con al menos un 2,3 % del PIB más cada año.
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Los datos clave
- Desde 2014 está caducado el actual sistema de financiación autonómica.
- Al menos un 2,3 % del PIB adicional se destinaría cada año a la financiación autonómica, unos 38.000 millones.
- 735 millones de euros en el año base tiene el Mecanismo para afrontar el Cambio Climático, que se repartiría según el riesgo.
- Mayores de 80 años, población de 0 a 17 años y parados sin prestación se incorporarían al cálculo de la población ajustada.
- Fuera de la regla de gasto quedaría el gasto que las comunidades financien con los recursos permanentes de la reforma.
Desde el Frente Amplio proponemos impulsar de forma inmediata la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. El nuevo modelo destinará al menos un 2,3 % del PIB adicional cada año, unos 38.000 millones, a fortalecer los servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas.
Mediremos las necesidades de gasto con criterios sociales, crearemos un fondo de convergencia para las comunidades con menos recursos y dejaremos los nuevos recursos fuera de la regla de gasto.
Lo que dice el programa
- 11.1.1. Impulsaremos de forma inmediata la reforma del sistema de financiación autonómica. El actual sistema está caducado desde 2014. El nuevo modelo debe partir de la propuesta presentada por el Gobierno de Coalición Progresista, mejorando sus principales elementos. El nuevo sistema debe resolver los problemas estructurales de la financiación autonómica: la infrafinanciación de los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas, la baja corresponsabilidad fiscal, la inequidad y la opacidad. El nuevo modelo debe garantizar la cohesión territorial y la equidad y debe acomodar la voluntad de mayor autogobierno que han expresado algunas comunidades autónomas, avanzando hacia un modelo de financiación que responda a los principios de un federalismo social y plurinacional. Para ello, el sistema de financiación debe asegurar la suficiencia financiera, para blindar el Estado del bienestar y también para hacer frente a retos como la crisis climática. Los servicios gestionados por las comunidades autónomas, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y los correspondientes a competencias singulares, deben estar adecuadamente financiados. El nuevo modelo debe avanzar en la autonomía financiera de las comunidades autónomas, con una mayor capacidad tributaria y de gestión por las agencias tributarias autonómicas. Y debe garantizar la equidad, con mecanismos claros y transparentes de solidaridad interterritorial, a similar esfuerzo fiscal, para la convergencia en la financiación por población ajustada, sin que suponga perjuicio alguno para ninguna comunidad autónoma. Asimismo, evitaremos la competencia fiscal a la baja entre territorios que debilita los servicios públicos y favorece a las rentas más altas.
- 11.1.2. Destinaremos al menos un 2,3 % del PIB adicional al sistema de financiación autonómica cada año. Supondrá unos 38.000 millones adicionales con los que se afrontará la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos.
- 11.1.3. Plantearemos un mecanismo para garantizar que las comunidades infrafinanciadas puedan prestar el mismo nivel de servicios públicos que el resto de las comunidades autónomas.
- 11.1.4. Mediremos las necesidades de gasto con criterios sociales. La población ajustada incorporará, entre otros criterios, a los parados sin prestación como indicador de pobreza y exclusión, a la población mayor de 80 años por su relación con la dependencia, a la población de 0 a 17 años y a la universitaria, mayor número de grupos de edad para imputar el gasto sanitario y los costes fijos de prestar los servicios. Tomará además la población más alta de los últimos tres años, para proteger a los territorios que pierden habitantes.
- 11.1.5. Los nuevos recursos servirán para mejorar los servicios sin computar en la regla de gasto. El gasto que las comunidades financien con los recursos permanentes que aporte la reforma no computará en la regla de gasto, y las entregas a cuenta se actualizarán cada año aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.
- 11.1.6. Aprobaremos un fondo para afrontar el cambio climático repartido según el riesgo. Mantendremos el Mecanismo para afrontar el Cambio Climático previsto en el Acuerdo 1/2026, dotado con 735 millones de euros en el año base, pero lo repartiremos según indicadores objetivos de exposición a riesgos climáticos —inundaciones, sequía, incendios u olas de calor— y no por zonas geográficas.
- 11.1.7. Estableceremos un fondo de convergencia para las comunidades con menos recursos. En la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial crearemos un fondo para las comunidades cuya financiación por habitante ajustado quede por debajo de la media por su menor capacidad fiscal con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Se destinará a infraestructuras, reindustrialización y productividad, y tendrá en cuenta la despoblación y la dispersión, las externalidades del turismo masivo, el riesgo forestal y la insularidad.
- 11.1.8. Incluiremos en la propuesta de reforma la obligación de las comunidades autónomas de financiar competencias ejercidas por aquellas en su nombre por parte de las entidades locales. Las denominadas competencias impropias sostenidas por los ayuntamientos deben contar con suficiencia de recursos proporcionados por las comunidades autónomas y debe quedar asegurada en esta modificación del sistema de financiación.
- 11.1.9. Es imprescindible incorporar a la reforma de la financiación (tanto autonómica como local) la modificación de elementos tan lesivos para las administraciones públicas como la interpretación de la regla de gasto establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En caso contrario, es perfectamente posible que, en la práctica, estos recursos adicionales no puedan ser utilizados por las comunidades autónomas.
Preguntas y respuestas
¿Cuánto dinero más recibirán las comunidades autónomas con el Frente Amplio?
Al menos un 2,3 % del PIB adicional cada año, unos 38.000 millones. El Frente Amplio propone dedicar ese dinero a fortalecer los servicios públicos que gestionan las comunidades, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El gasto que las comunidades financien con los recursos permanentes de la reforma no computaría en la regla de gasto, y las entregas a cuenta se actualizarían cada año aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.
¿Cómo será el nuevo modelo de financiación autonómica?
El Frente Amplio propone impulsar de forma inmediata la reforma, partiendo de la propuesta presentada por el Gobierno de Coalición Progresista y mejorando sus principales elementos. El sistema actual está caducado desde 2014.
El nuevo modelo debe resolver la infrafinanciación de los servicios públicos autonómicos, la baja corresponsabilidad fiscal, la inequidad y la opacidad. Daría a las comunidades más capacidad tributaria y de gestión, garantizaría la solidaridad interterritorial y avanzaría hacia un federalismo social y plurinacional, evitando la competencia fiscal a la baja entre territorios.
¿Cómo se repartirá el dinero entre comunidades autónomas?
Según sus necesidades de gasto, medidas con criterios sociales a través de la población ajustada. El Frente Amplio propone incorporar a ese cálculo, entre otros, a los parados sin prestación, a la población mayor de 80 años, a la de 0 a 17 años y a la universitaria.
Se tomaría además la población más alta de los últimos tres años, para proteger a los territorios que pierden habitantes. La convergencia se haría sin perjuicio para ninguna comunidad autónoma.
¿Qué pasará con las comunidades peor financiadas?
El Frente Amplio propone un mecanismo para que las comunidades infrafinanciadas puedan prestar el mismo nivel de servicios públicos que el resto, y un fondo de convergencia, dentro de la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, para las que tengan una financiación por habitante ajustado por debajo de la media.
Ese fondo se destinaría a infraestructuras, reindustrialización y productividad, y tendría en cuenta la despoblación y la dispersión, las externalidades del turismo masivo, el riesgo forestal y la insularidad.
¿Habrá dinero para el cambio climático en la financiación autonómica?
Sí. El Frente Amplio propone mantener el Mecanismo para afrontar el Cambio Climático previsto en el Acuerdo 1/2026, dotado con 735 millones de euros en el año base, pero repartirlo según indicadores objetivos de exposición a riesgos climáticos, como inundaciones, sequía, incendios u olas de calor, y no por zonas geográficas.
¿Quién pagará las competencias que ejercen los ayuntamientos en nombre de las comunidades?
Las comunidades autónomas. El Frente Amplio propone incluir en la reforma de la financiación la obligación de que las comunidades financien las competencias que los ayuntamientos ejercen en su nombre, las llamadas competencias impropias.